Contradicciones entre los testigos de la agresión ocurrida en Chapín

Después de cinco años y medio, Julián G. D. se sentó ayer por fin en el banquillo para hacer frente a la imputación de un presunto delito de lesiones que pesa sobre él. El aficionado del Cádiz, acusado de arrojar una silla a un xerecista durante un partido jugado en Chapín entre los dos eternos rivales, reconoció como no podía ser de otra manera que el día de marras, el 18 de junio del citado año, efectivamente acudió a presenciar el encuentro.

El acusado confirmó que estuvo situado en el fondo norte, junto a los hinchas de su equipo, y que vio como antes de que empezara el partido volaron por las gradas sillas y otros objetos, en medio de insultos y gritos entre ambas aficiones. Sin embargo, llegado el momento culminante negó que hubiera tomado parte en alguno de estos actos vandálicos, asegurando que se limitó a observar como mero espectador.

En la misma línea, también desmintió que ese día vistiera una camiseta negra, afirmando que llevaba la amarilla y oficial del Cádiz, como todos sus compañeros. Esta cuestión que puede resultar baladí constituyó el punto clave del juicio, y sobre la que se desató la mayor de las controversias. Y es que cuando se produjo el ataque, las personas que se encontraban próximas a la víctima, José Luis F. R, señalaron con el dedo acusador al imputado en medio de una marea de hinchas vestidos de amarillo y no dudaron en reconocerlo, argumentando que era el único que llevaba una camiseta negra.

En la vista, los dos testigos aportados por la acusación particular ratificaron su versión inicial, en la que identificaban a Julián G. D. como el agresor de José Luis, subrayando que vestía de negro y por eso lo distinguieron entre la multitud. Otros dos testigos aportados por la defensa, por contra, afirmaron justo lo contrario y dijeron que el imputado mantuvo la equipación amarilla durante todo el partido, lo que hace deducir que en tales circunstancias era muy probable que se produjera un equívoco.

Una vez escuchados todos los testimonios, la fiscal decidió mantener la petición de dos años y medio de cárcel, poniendo en tela de juicio la versión de estos dos últimos testigos y amigos del acusado, al preguntarse por qué no han aparecido en toda la instrucción y de repente se cuenta con ellos cinco años y medio después.

La acusación particular también se reafirmó en su petición de tres años y una indemnización de más de 28.000 euros, justificado en la declaración de un forense que aseguró que el ataque le produjo a la víctima una incapacidad permanente parcial por graves daños en un ojo.