La jueza suspende el reparto del panfleto de la plataforma de la Escuela de Enfermería

La primera batalla judicial entre la plataforma Escuela de Enfermería Villamartín-Sierra de Cádiz y la Universidad de Cádiz, ha caído de la mano de la institución educativa. En concreto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cádiz ha suspendido, de manera cautelar, el reparto de un panfleto creado por este colectivo bajo el título 'La Verdad de Cádiz', en el que pretendían mantener informado a los lectores sobre todo el proceso de implantación de las iniciativas formativas que promueve la Fundación Pascual en Villamartín. La decisión de la jueza se ha llevado a cabo sin audiencia previa de los implicados, a petición de los representantes judiciales de los denunciantes, la UCA y su rector, Diego Sales, para conseguir parar de inmediato «el reparto de estos panfletos difamatorios», consideran. En concreto, la jueza ha aceptado el planteamiento de los denunciantes que consideran que en dicha publicación, que se repartía tanto en mano como por correo electrónico casi a diario, se podría poner en peligro el buen funcionamiento de la Universidad, «en un momento muy importante de finalización del curso, matriculaciones y Selectividad».

El auto destaca que contra esta medida no cabe recurso alguno aunque también informa de que se podrá presentar oposición en el plazo de 20 días. Ésta la podrán llevar a cabo tanto la portavoz de la plataforma y la de la propia publicación, como los representantes de la Fundación Pascual. Estas medidas cautelares son una parte complementaria de un procedimiento judicial más amplio, emprendido por la Universidad y su máximo responsable, contra las mismas personas, por «perturbación ilegítima del derecho al honor y la dignidad de los demandantes». En dicho proceso solicitan que los demandados tengan que publicar, a su costa, la sentencia que en el mismo se derive para que ésta tenga suficiente publicidad, además de pedir una indemnización de 60.000 euros por daños y perjuicios derivados de dicha intromisión.

Este auto judicial ha permitido a la Plataforma conocer, con certeza, que se ha iniciado un proceso judicial contra dos de sus miembros. Esto ha provocado una gran indignación en el colectivo y uno de sus portavoces consideraba que «es indignante que todo un rector se querelle contra una simple trabajadora porque critica una de sus decisiones».