Pacheco pide a la jueza que los asesores de Pilar Sánchez declaren como imputados

La citación de Pilar Sánchez el próximo 22 de junio para ser interrogada por la contratación de una treintena de asesores puede tornarse aún más compleja de lo previsto, en virtud de la estrategia procesal que está armando la acusación en la querella que interpuso en noviembre Pedro Pacheco. El primer movimiento fue solicitar todos los expedientes relativos a los 32 asesores que en su mayoría fueron incorporados a la nómina municipal en 2007; sin embargo, la información remitida por el Ayuntamiento ha desatado un nuevo movimiento que puede convertir a los mencionados asesores (la mayoría de ellos ex asesores) en imputados, en lugar de meros testigos en una causa que se sigue' contra la alcaldesa. En un nuevo escrito emitido por el letrado de Pacheco, Felipe Meléndez, éste solicita que sean citados a declarar en calidad de tal, ya que la información relativa a sus contratación, al menos la de 16 de ellos, tiene indicios de irregularidades notables para la acusación.

En dicho documento, el letrado de Pacheco le indica a la jueza del nº3 de Instrucción que el Ayuntamiento, tres meses después de haberle solicitado los contratos de trabajo, así como la oferta pública de empleo donde se encuadrarían estas altas laborales o la capacitación y titulación de los asesores, sólo les ha enviado datos de 16 y no de los 32 empleados que constan en la querella. En el escrito, la representación de Pacheco llama la atención de que, pese al tiempo transcurrido, tan sólo se haya remitido información de la mitad.

Pero va más allá. Pacheco le ha trasladado a la jueza las sospechas de que algunos documentos que han sido facilitados por el Consistorio habrían podido ser manipulados con el fin de tapar algún tipo de irregularidad en sus nombramientos. En concreto, la representación letrada del ex alcalde hace ver a la jueza que ninguna de las actas de toma de posesión de los 16 empleados contiene la firma del secretario municipal que debe dar fe. Tan sólo aparece en la toma de posesión de uno de ellos. «La gravedad de cuanto antecede es supina, máxime si se observa que todos los documentos municipales, en los que interviene el secretario, contienen su firma, y los que no, a la hora de emitir la compulsa, suscriben la compulsa de correspondencia con el original. En las tomas de posesión no sólo no está presente el señor secretario, sino que posteriormente se abstrae de suscribir acta de cotejo alguna sobre los documentos que refieren el acta de toma de posesión». Ésta es la argumentación en estas diligencias previas para requerir que una comisión judicial acuda al Ayuntamiento e intervenga toda la documentación sobre la contratación de esos asesores . También pide que sea la Guardia Civil la que haga un análisis caligráfico de los documentos originales y de las copias que ha aportado el Ayuntamiento por si hubieran sido manipulados antes de ser remitidos al juzgado.

50.000 por asesorar a una ONG

Cuando Pacheco presentó en noviembre la querella criminal contra Pilar Sánchez, la inmediata respuesta que salió del Ayuntamiento fue censurar no sólo la maniobra procesal del ex alcalde, que se defendía así del ataque recibido meses antes cuando su rival político puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción la posible malversación de Pacheco en la contratación de dos compañeros de partido; también aseguró que los 32 asesores mencionados por éste habían sido nombrados «con luz y taquígrafos». Independientemente de la transparencia de ese proceso de incorporación a la nómina municipal, lo que parece poco defendible es que dada la situación económica de las arcas municipales y con un municipio castigado por el paro, se pagaran con dinero público suculentos sueldos por tareas que a priori no son de primer orden ni prioritarias dada la actual coyuntura del Consistorio jerezano, que según la propia alcaldesa vive sumido en una economía de guerra.

Este periódico ha tenido acceso a la información enviada a la jueza donde se detallan los ingresos anuales que percibían los 16 asesores de los que ha dado cuenta hasta la fecha. Y en ella se observan ejemplos que contradicen esa política de austeridad mencionada por Sánchez hasta la saciedad, y a la que se acogió para desprenderse de parte de esos empleados elegidos a dedo.

Así, para cumplir tareas de asesoramiento y apoyo al tejido asociativo del municipio, el Ayuntamiento jerezano tenía a dos de esos empleados eventuales percibiendo unos 50.000 euros al año cada uno. Salarios que están muy por encima de la media que percibe un trabajador cualificado.

En el escrito remitido por la defensa de Pedro Pacheco a la jueza, éste hace una media de lo que pudo gastarse el Consistorio jerezano en el pago de la nómina de los 32 funcionarios eventuales durante una legislatura y la cifra resultante es escandalosa: 6.272.000 euros (o lo que es lo mismo, más de mil millones de las antiguas pesetas).

Dicha cantidad la obtiene la acusación haciendo una media anual no inferior a 49.000 euros brutos al año por cada uno de los asesores. Si bien en la documentación entregada por el gobierno local muchos de los 16 funcionarios eventuales estaban por encima de los 50.000 euros anuales.