José Ignacio Wert , durante la rueda de prensa. / Kiko Huesca (Efe) | Atlas
La crisis golpea de lleno la educación pública. El ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha explicado esta mañana a los consejeros de las Comunidades Autónomas las medidas que se podrán en marcha para recortar los 3.000 millones de euros anunciados la semana pasada por el Gobierno Central, y que vienen a sumarse a los casi 4.000 millones en los que ya se había visto reducido el dinero destinado a Educación en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado.
Entre las medidas que se llevarán a cabo para reducir gastos, Wert contempla un aumento del 20% en el número de alumnos por aula. De esta forma, en Primaria las clases podrán pasar a contar con hasta 30 estudiantes por los 35 a los que se amplían en Secundaria. Según ha asegurado el ministro, se trata de una medida “coyuntural” de cara a superar los efectos de la crisis, por lo que en un futuro se procederá a reducir de nuevo el ratio de alumnos.
Wert también ha anunciado que las bajas del profesorado que no excedan las dos semanas no serán cubiertas, y serán los propios centros educativos los que deban solventar estas ausencias con sus propios recursos. Igualmente, se prevé que los institutos de secundario puedan elegir entre impartir las ramas de ciencias o letras. En cuanto a la retribución de los docentes, se eliminan la posibilidad de nuevos complementos retributivos o retribuciones variables. Otra propuesta consiste en el aplazamiento de los módulos de Formación Profesional media y superior de 2.000 horas hasta el curso 2014-2015.
El Gobierno pretende aprobar el nuevo decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Al respecto, el titular de Educación ha insistido en que, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada autonomía, mostrará flexibilidad con las comunidades de cara a asegurar la calidad y la equidad en la enseñanza pública, aunque el objetivo último no es otro que el de lograr que el déficit público de las regiones no supere el 1,5% en 2012. También ha apuntado que estos recortes no suponen una reforma en sí, sino que únicamente vienen a allanar el camino para una futura reforma del Ejecutivo que garantice la sostenibilidad de sistema de enseñanza pública. “Hay que poner a salvo la educación, cuyos cimientos se tambaleaban por la política anterior”, ha justificado Wert.
Críticas desde la oposición
Mientras los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han aplaudido las propuestas lanzadas por el ministro de Educación, Cataluña, País Vasco, Canarias y Andalucía se han desmarcado asegurando que invaden competencias propias y suponen un serio golpe para la educación pública. Irene Rigau, consejera del ramo catalana, ha utilizado la ironía para describir lo tratado durante la reunión de esta mañana: “"Vamos a pasar del café para todos al café descafeinado para todos”. Según ella, las comunidades no han podido participar en las propuestas, sino que han sido culpabilizadas del déficit y obligadas a aceptar las medidas del Gobierno central. Ha defendido, además, que las medidas relacionadas con los horarios de los profesores, su sustitución y los complementos salariales invaden “clarísimamente” competencias de los ejecutivos regionales. La socialista y consejera vasca Isabel Celaá ha criticado un recorte del gasto que solo tiene el ahorro como objetivo “y no la eficiencia que ha defendido el ministro”. Al igual que su homóloga catalana, ha anunciado que desde el País Vasco se estudiarán jurídicamente las propuestas para comprobar si invaden o sobrepasan las competencias del Ministerio.
Más dura fue aún la valoración realizada desde Andalucía. “Tocan los cimientos del sistema constitucional”, ha afirmado su consejero en funciones de Educación, Francisco Álvarez de la Chica. “No aceptaremos así porque sí despedir a profesores de matemáticas, de lengua o de inglés antes que a profesores de religión”, ha añadido el político socialista, para quien “un país que reduce sus gastos el triple en educación que en defensa no puede mirar a los ojos a países de su entorno”.
En las filas del Partido Popular, la consejera de Educación de la Generalitat Valenciana, María José Catalá ha considerado que ninguna de las propuestas del Ministerio “merma la calidad del sistema educativo” y que en estos momentos de recesión es necesario “optimizar y racionalizar los recursos públicos”. Desde Galicia se ha apuntado que lo anunciado por Wert es lo “lógico para que el sistema siga siendo público y de excelencia”.
