El propósito de la ley de la convivencia está muy bien», asegura la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Jerez (Flampa), Rosa Saborido, «aunque vemos que se dan soluciones cuando hay conflictos pero no medidas preventivas». Éste y otros puntos del Decreto por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos, que se aprobó el pasado mes de marzo, fueron debatidos ayer en una nueva sesión organizada por la Flampa para que los representantes de las Ampas de los centros educativos de Jerez conozcan los entresijos de esta nueva ley. La de ayer, que se celebró en el CEIP Antonio de Nebrija, abarcó toda la Zona Noreste de la ciudad.
Alrededor de cien personas recibirán en Jerez este curso formativo que deja al descubierto las ventajas y los inconvenientes del texto: «En dos horas y media se expone el contenido del decreto y se debate. Preguntan muchas cosas porque se trata de una ley poco preventiva y muy punitiva en la que se dejan muchas cosas en manos de cada centro escolar», explicó la monitora del taller, Miriam Durán. «Desarrollamos cinco sesiones por cada zona de Jerez», añadió.
Día a día
«La convivencia en los centros está cada vez peor», asegura Saborido, que está en permanente contacto con el día a día de los centros escolares. «Es un decreto que está muy enfocado a la Secundaria y nosotros pensamos que debería empezar desde Primaria. Falta, sobre todo, el antes del conflicto», apuntó.
Por eso, desde el órgano de representación de madres y padres de Jerez insisten en que hace falta «un protocolo de actuación, un incremento de los recursos humanos y una programación formativa».
Otro de los puntos conflictivos de este texto que comenzará a funcionar, con toda probabilidad, el próximo curso escolar en los colegios e institutos jerezanos es la delegación de ciertas aplicaciones según el centro educativo. Por ejemplo, plantean que cada centro estime oportuno crear el aula de convivencia -un recurso planteado como alternativa a las suspensiones de asistencia a clase por mal comportamiento- cuando «debería generalizarse a todos los colegios. Este aula debe ser un espacio para la educación de quienes han sido sancionados, si se dispone de los recursos suficientes». También reclaman mayor protagonismo de las comisiones de convivencia de los centros.
Por otra parte, la Flampa insiste en que para que este decreto pueda cumplirse íntegramente serían necesarias otras medidas como la disminución de la ratio.
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