¿Saben ustedes lo que exigen los pilotos que hoy, si nada lo remedia, pueden comenzar una huelga de seis días que afectará a 1.500 vuelos y cerca de 200.000 pasajeros? Pues piden que se mantengan sus 1.800 empleos; que la empresa presente un aval bancario que garantice su salario hasta los 65 años; que los activos de la compañía se usen como garantía de las indemnizaciones por despidos no justificados; que el Ministerio de Fomento presente un aval como garantía del cumplimiento de esas «obligaciones», algo que no puede hacer legalmente entre otras cosas porque Iberia ya no es una empresa pública sino privada y porque, de hacerlo, el Gobierno estaría garantizando, con dinero de los contribuyentes, un empleo de por vida a unos trabajadores que no son funcionarios. Y todo eso porque Iberia ha tomado una participación del 25 por ciento en Catair, una nueva aerolínea de bajo coste que los pilotos temen ponga en peligro sus regalías.

En la historia de la conflictividad laboral no existe un solo precedente de convocatoria de huelga con peticiones tan disparatadas como la del sindicato de pilotos de Iberia. Al menos desde que los trabajadores de minas, puertos y transportes sentaron las bases de las primeras organizaciones sociales que trataban de evitar, a principios del siglo XIX, la explotación obrera originada por los abusos que se venían cometiendo desde los comienzos de la revolución industrial. Estábamos acostumbrados a los chantajes de los pilotos de Iberia para defender sus privilegios salariales o laborales, y para reforzar sus posiciones de poder en el seno de la empresa. Pero nunca hasta ahora sus exigencias habían sido tan aberrantes. Porque no están haciendo un uso legítimo del derecho de huelga que reconoce la Constitución, y se aprovechan de que Gobiernos, patronales y sindicatos no han cumplido en 28 años la exigencia de consensuar una ley que regule el ejercicio de ese derecho. Es sencillamente un golpe de mano.