La huelga convocada en Iberia para esta semana, desde las 0:00 horas de hoy hasta la medianoche del próximo domingo, dejará en tierra a 29.000 pasajeros cada día. Sólo un cambio drástico de última hora en las posturas de la compañía y de los pilotos, sobre todo por parte de los segundos, dejaría sin efecto un paro que le supondrá a la primera unas pérdidas de cinco millones de euros por jornada. La última reunión negociadora, celebrada en la mañana de ayer en la sede del Ministerio de Fomento, no sirvió para nada, salvo para constatar el «hartazgo» de la compañía ante lo que consideran una protesta «ilegal», «abusiva» e «insolidaria», tanto respecto al resto de empleados como a los ciudadanos en general.

Y es que a Iberia le preocupa mucho la mala imagen que puede dar la empresa ante sus clientes al verse obligada a suspender 228 vuelos diarios (para un total superior a los 1.600 a lo largo de la semana). Por este motivo, la aerolínea achaca a los pilotos la responsabilidad de la falta de acuerdo por no aceptar ninguna de las «garantías» ofrecidas, entre ellas, el mantenimiento del empleo actual en este colectivo, al menos, hasta finales de 2008, plazo ampliable en un año. Este acuerdo lo tutelaría el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, la compañía ofrece abrir una comisión de seguimiento tripartita (junto a Fomento) que analice el impacto que Catair, la nueva aerolínea de bajo coste en la que participara Iberia (con un 20%) y cuya creación ha motivado el paro, tendrá en ese empleo. El Sepla, que representa a la casi totalidad de los pilotos, ha rechazado estas propuestas por no ir acompañadas de algún tipo de compromiso económico, a lo cual no está dispuesta Iberia, que tilda de «aberración» el aval bancario (por 6.000 millones de euros) pedido para garantizar su sueldo hasta la jubilación.

La aerolínea y los pilotos se acusan mutuamente de mantener posturas «inflexibles» y de «utilizar» a la Administración a su favor. El Sepla cree que la «evidente intención» de Iberia es forzar un laudo arbitral del Gobierno que «suspenda el derecho constitucional a la huelga y maniate» a sus afiliados.

En Iberia, por su parte, se preguntan «qué más garantías» quieren, al tiempo que consideran un «abuso» que un colectivo que «sólo representa el 7,5% de la plantilla» (unas 2.000 personas) convoque una medida de protesta de tal magnitud.

Aunque los encuentros personales se daban por concluidos a mediodía -así lo confirmó el propio secretario general de Transportes, Fernando Palao-, durante la tarde y noche de ayer continuaron los contactos telefónicos a tres bandas (pilotos, empresa y Gobierno), pues nadie descartaba «una mínima posibilidad» de que la huelga se desconvocara, ya fuera «en el último minuto» e incluso durante la semana.

Acto de conciliación

En cualquier caso, Trabajo iniciará hoy los trámites para el acto de conciliación solicitado por Iberia, ya que es el paso obligado para, de no haber acuerdo, pedir a la Audiencia Nacional que declare ilegal una protesta que le va a costar 35 millones de euros.

Esta denuncia ante los tribunales puede que no sea la única, pues las asociaciones de consumidores y usuarios reconocidas por el Gobierno estudian presentar una querella contra los responsables del Sepla. Les acusan de llamar a la huelga sin que aún se haya reconocido tal derecho a este «grupo privilegiado» (el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver esta cuestión).