La historia vuelve a repetirse. Coches camuflados y furgones antidisturbios se adentran en Marbella al salir el sol. Antiguos concejales, empresarios de renombre y conocidos promotores amanecen como detenidos y salen de sus casas con los grilletes puestos.

Ayer, la Policía Nacional desató la segunda fase de la operación Malaya. Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvieron a otras 30 personas por su presunta implicación en la trama de corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol.

La macro-operación, dirigida y coordinada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y por el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, se ha extendido esta vez a las provincias de Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Madrid y Navarra, donde se ha apresado a varios empresarios.

Entre los arrestados figuran 13 promotores -algunos de los más importantes de Andalucía e incluso de España- y otros 13 ex concejales del Ayuntamiento marbellí. También han sido detenidas otras cuatro personas vinculadas a la antigua corporación municipal.

Recalificación de terrenos

Todos los empresarios detenidos están implicados, según la Policía, en presuntos delitos de cohecho, mientras que a los ex ediles se les añade, además de éste, el de prevaricación. Fuentes próximas a la investigación aclararon que la trama se refiere al supuesto pago de dinero a ex ediles a cambio de favores en la obtención de licencias o en la recalificación de terrenos para la construcción o la especulación urbanística.

Uno de los concejales detenidos es el ex futbolista Tomás Reñones, que fue alcalde en funciones de Marbella desde la detención de Marisol Yagüe el 29 de marzo hasta la toma de posesión de la comisión gestora el 21 de abril. Los demás ex concejales arrestados son María del Carmen Revilla, Antonio Luque, Rafael González, Francisco Lendínez, José Luis Fernández, Rafael Calleja, Emilio Jorrín, Miguel Jiménez, Belén Carmona y Vicente Manciles. De los 13 ex ediles detenidos, diez fueron elegidos por las listas del GIL y se pasaron al Grupo Mixto, otros dos fueron expulsados del PSOE tras apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz y otra de ellas, María José Lanzat, es la secretaria de Medio Ambiente de la Ejecutiva Nacional del Partido Andalucista (PA).

Con éstos, son 16 los ex ediles detenidos pertenecientes a la anterior corporación municipal. Una docena de ellos fueron elegidos en la candidatura del Grupo Independiente Liberal (GIL); tres en las filas del PSOE, de donde fueron expulsados tras apoyar la moción de censura contra el ex alcalde Julián Muñoz y una en el Partido Andalucista (PA).

Los coletazos de la operación Malaya han salpicado al sector empresarial andaluz e incluso nacional. Entre los constructores arrestados destacan José Ávila Rojas, propietario de la empresa Ávila Rojas; Rafael Gómez Sánchez, apodado Sandokán, que es dueño de Arenal 2000, del parque de atracciones Tívoli y de la clínica Xanit; el murciano Tomás Olivo, que construyó en Marbella el centro comercial La Cañada; el propietario de construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez; o el vicepresidente de la Federación de Urbanizadores, Cristóbal Peñarroya, y presidente del grupo empresarial Peñarroya.

Llamada a la Policía

Al parecer, el constructor granadino Ávila Rojas llamó ayer al Cuerpo Nacional de Policía al saber que lo estaban buscando, ya que las pesquisas para su localización se iniciaron anoche, y facilitó una dirección para su arresto, según fuentes próximas al empresario. Los agentes le entregaron la orden de detención por supuesto cohecho emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí. En el caso de Rafael Gómez, fueron los vecinos los que alertaron a la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía porque estaba ocurriendo algo raro en la casa del empresario. Desconocían que la operación Malaya II se estaba desarrollando junto a sus casas, en la provincia de Córdoba. Madrid también fue escenario del amplio operativo policial. En la capital fueron capturados Emilio Miguel Rodríguez Bugallo (Construcciones Salamanca); Gonzalo Fernández Castaño; Enrique Ventero Terleira, Carmelo Armenta Rodríguez y Fidel San Román, uno de los principales accionistas de Taurovent, sociedad concesionaria de la Plaza de Toros de las Ventas, y que figura en más de 30 sociedades inmobiliarias. Mientras, en Sevilla fueron arrestados los ganaderos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp. Fuentes cercanas al caso destacaron el patrimonio que han amasado algunos de estos detenidos.

De estos 26 arrestados, el único que hasta ahora se había visto las caras con el juez Torres es el cartagenero Tomás Olivo, que acudió voluntariamente ante la aparición de informaciones que le vinculaban a Juan Antonio Roca. Aunque entonces no se le imputó delito alguno, finalmente ha sido detenido por su presunta implicación en la trama marbellí.

El tercer grupo de detenidos lo integran personas vinculadas a la corporación municipal. De los cuatro arrestados en este apartados, tres ya estaban encausados en la primera fase de la operación. Son el ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes, detenido y posteriormente puesto en libertad sin fianza pero con cargos; el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, que eludió la prisión tras pagar 20.000 euros; y Salvador Gardoqui, al que se le imputó un presunto delito de blanqueo, y que ha vuelto a ser detenido. A éstos se une Sergio Santana Domínguez, arrestado en Pamplona, que no figuraba en la primera fase.

En los calabozos

Los treinta detenidos fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial, ya que no está previsto que declaren ante la Policía. El instructor, Miguel Angel Torres, ha requerido la comparecencia de todos los arrestados. No serán trasladados hasta Marbella para no saturar las dependencias judiciales marbellíes, por lo que permanecerán en la Comisaría Provincial hasta que ordene el juez.

La operación Malaya comenzó a finales de marzo tras cinco meses de investigación, y permitió la detención de 28 personas como responsables de la trama de corrupción urbanística en la ciudad costasoleña. Entre ellos se encontraban la alcaldesa Marisol Yagüe, la teniente de alcalde Isabel García Marcos o el asesor de urbanismo José Antonio Roca, considerado cabecilla de la red, y que actualmente continúan en prisión.