El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, urgió ayer al Parlamento a definir cuanto antes los «límites competenciales» del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a fin de evitar los constantes conflictos entre ambas instituciones del Estado. Hernando, que ayer presentó la memoria del Supremo, insistió en su «llamamiento al legislador» y señaló que estos desencuentros están creando incluso «intranquilidad en la sociedad». Los problemas con los que quiere acabar Hernando se producen cuando el Constitucional anula una sentencia del Supremo y, en lugar de obligar al alto tribunal a dictar un nuevo fallo acorde con su doctrina, dicta una nueva sentencia y resuelve el caso.

Desde hace años, los magistrados del alto tribunal denuncian este comportamiento como una injerencia. En alguna ocasión llegaron a valorar la posibilidad de pedir la intervención del Rey para que, en su papel de moderador institucional, acabase con el constante conflicto competencial entre ambas instituciones. Según Hernando, es «urgente» la intervención del Congreso de los Diputados para dar una «solución» a este «déficit delimitativo competencial». Por ello, reclamó a las Cortes Generales que definan con «nitidez» esos límites y que «tracen una línea que deslinde los ámbitos de intervención» de ambos órganos. El presidente del CGPJ señaló que mientras no intervenga el Parlamento se está provocando una «confusión» que puede ser «perjudicial para el Estado» y hacer «disminuir la confianza de los ciudadanos». No obstante, Francisco José Hernando quiso dejar claro que esos desencuentros no tienen nada que ver con la sintonía personal entre los magistrados de las dos instituciones. El presidente calificó de «excelentes» esas relaciones personales y explicó que hay reuniones periódicas entre los integrantes y responsables de ambos tribunales para «intentar caminar en una dirección en la que los desencuentros sean menos».

Falta de medios

Hernando aprovechó la presentación de la memoria del Supremo de 2005 para quejarse de los «muchos problemas» con los que se enfrenta el tribunal, como la acumulación de «excesivos asuntos», los tiempos de respuesta «demasiados altos» y la «carencia de espacio físico».

A pesar de ello, celebró que los acuerdos con el Ministerio de Justicia para reforzar el gabinete técnico han tenido resultados: en 2005, por primera vez en los últimos años, el Supremo ha resuelto más asuntos de los que entraron. A finales de 2004 había 48.536 expedientes sin resolver y a 31 de diciembre quedaban encima de la mesa 42.651. Una reducción de un 12%, y eso a pesar de que entraron 23.730 casos a lo largo del pasado año.