La puesta en libertad, el 10 de junio pasado, de cinco atracadores pillados in fraganti por los GEO cuando penetraban en una sucursal bancaria para desvalijarla, ha derivado en un enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Policía.

Ambas instituciones se culparon de las presuntas negligencias que condujeron a la puesta en libertad de los ladrones, a quienes un juzgado de Vigo investigaba desde muchos meses antes por su vinculación con otros atracos. Tres de los delincuentes fueron arrestados el jueves por la noche.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tachó de «manifiestamente irregular» la operación realizada el pasado día 8 por la policía, que filmó y capturó a los ladrones en el momento en que accedían a unas oficinas de La Caixa, en Madrid, a través de su sistema de ventilación. Dos días después, el juez de guardia les dejó en libertad tras no hallar la fiscal evidencias de delito en el atestado policial.

Comunicado policial

La Dirección General de la Policía difundió un comunicado en el que acusa a la fiscal y al juez de no revisar las pruebas puestas a su disposición, en concreto el vídeo del asalto a la sucursal, emitido dos días después por varias televisiones.

El comunicado redactado por la cúpula policial describe como «correcto» el trabajo realizado por los agentes del GEO. Asimismo, acusa a la Fiscalía de provocar, el jueves, «riesgo de fuga», al hacer pública Conde-Pumpido una instrucción dada a los fiscales de Madrid y Vigo, a quienes ordenó instar la detención e ingreso en prisión de los atracadores. La Policía asegura que no desea «atribuir supuestas negligencias» al Ministerio Público, al que le reclama «un comportamiento recíproco».

Conde-Pumpido se refirió a este caso en La Coruña, donde clausuró la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal. Avanzó que piensa pedir explicaciones a la Policía por la supuesta omisión de algunas pruebas. «La operación policial -explicó- fue manifiestamente irregular; el atestado tiene serias deficiencias, como ha señalado la Fiscalía de Madrid, y la utilización mediática del incidente ha sido impropia de un Estado de Derecho. La Fiscalía ha adoptado las medidas oportunas para tratar, haciendo un esfuerzo interpretativo, de forzar la prisión de los atracadores».

El fiscal general reclamó a la cúpula policial que lo sucedido «no se repita jamás», y anunció que ha abierto una investigación para aclarar por qué la Fiscalía no fue informada con anterioridad del dispositivo, y para dilucidar cómo actuó la juez de guardia, por si fuera cierto que no presentó ante el juez pruebas que luego difundieron las televisiones. «Cuando las cosas salen mal es porque han empezado mal», concluyó.

Sindicatos

Estas declaraciones de Conde-Pumpido provocaron la respuesta airada de los principales sindicatos policiales, el SUP y el CEP, que pidieron respeto por el trabajo de los agentes y señalaron que, de existir alguna irregularidad en este caso, la cometió la fiscal. «En el atestado y en estas diligencias no existe ninguna irregularidad. Si quiere buscarla, que la busque en su institución y en la actuación constante de sus fiscales», afirmó un portavoz del CEP.

Tres de los cinco atracadores dejados en libertad por la juez de Madrid fueron detenidos el jueves por la noche. Uno de ellos, Bernardino Muñiz, está ya en prisión por orden del juez de Vigo. Poco antes de ser detenido, había puesto una denuncia ante la policía tras encontrar destrozada la puerta de su vivienda.

Fuentes de la investigación señalaron que la Policía espera que en las próximas horas se entreguen los otros dos miembros de la banda, uno de ellos, su supuesto jefe, el vigués Fernando González Fernández.