El alcance de la operación policial -la mayor de Europa- realizada por la Brigada Tecnológica de la Policía Nacional contra una red dedicada al intercambio ilegal de ficheros en Internet pone de relieve el colosal desarrollo que la piratería informática está alcanzando en nuestro país. Los quince detenidos, en diez localidades dispersas por todo el territorio nacional, formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes P2P (Peer-to-Peer, De igual a igual), gracias a las cuales se bajaban de la Red -de manera fraudulenta- aplicaciones informáticas, obras musicales, cinematográficas y juegos de ordenador.

Los investigadores del ciberespacio estiman que ese intercambio de ficheros representa la mayor parte del tráfico que registra Internet hoy día, moviendo dicha práctica ilegal más de medio billón de dólares en los últimos años, una cifra equivalente al 7% del comercio mundial. Datos que ayudan a valorar en su verdadera dimensión la importancia de esta operación policial que ha bloqueado 17 páginas web que habían recibido 615 millones de visitas y aportado a sus administradores, casi todos ingenieros informáticos y responsables de empresas proveedoras de servicios de Internet, unos ingresos cercanos al millón de euros, de los que por supuesto los legítimos autores del materia pirateado no verán jamás un euro. Para perseguir esta modalidad de delito contra la propiedad intelectual, la Policía ha de salvar, en primer término, las sofisticadas barreras informáticas que la propia naturaleza del espacio virtual donde se fragua esta actividad propicia. Prueba de ello es que frente a los 3 millones de descargas legales de contenidos, se contabilizan 350 millones de descargas ilegales, lo cual ha colocado a la industria discográfica ante una inminente crisis y amenaza a otros sectores de creadores cuyo trabajo está amparado por los derechos de propiedad intelectual. Este gigantesco top-manta cibernético goza de multitud de adictos.