El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, admitió ayer que como profesor de Derecho Constitucional, y también como «ciudadano», el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña le suscita «reservas». El máximo representante del órgano asesor del Gobierno subrayó que, a su juicio, no hay motivos para pensar que el texto ponga en peligro la unidad de España, como ha llegado a proclamar el PP. Aún así, expresó sus recelos hacia la propuesta «por razones técnicas o de otro género» que no llegó a concretar.

En su primera comparecencia pública desde que el Consejo aprobó el informe sobre las reformas constitucionales que desea emprender el Ejecutivo, Rubio Llorente trató de no adentrarse en terrenos pantanosos. Su última intervención ante el mismo Foro Europa en el que ayer habló desató una fuerte polémica en torno a la interpretación del término 'comunidad nacional', que propuso emplear para sustituir en la Constitución al vocablo «nacionalidad». Escaldado con la experiencia, optó por callar durante varios meses y matizar sus comentarios.

Informe del Consejo

Con todo, en esta ocasión dejó claros sus temores ante la posibilidad de que las autonomías puedan proponer la renovación de su Estatutos de forma ilimitada. Y, como en el propio informe del Consejo, planteó la conveniencia de abordar una reforma para incluir «todo el sistema de delimitación de competencias» en la Carta Magna, «como suele ocurrir en todas las Constituciones federales».

La medida -defendida también por el primer partido de la oposición- permitiría cerrar definitivamente el actual modelo de Estado. Un modelo que la Constitución dejó abierto para permitir la formación de las comunidades autónomas en los años que siguieron a su aprobación. «En su momento inicial -apuntó- tal vez era el único posible, pero a medida que pasa el tiempo quizá sus ventajas son menos claras y más visibles sus inconvenientes», apuntó. Respecto a la tregua de ETA, señaló que las medidas de gracia para presos terrorista es una de las «cartas» con las que podría jugar el Gobierno ante una hipotética negociación aunque, bajo su punto de vista, existen condiciones para su aplicación: Que la banda se disuelva o, al menos, abandone la violencia; que haya garantías de que no habrá reincidencias y que no haya «agravio» a la opinión pública. Además, no descartó que pudiera producirse algún día una consulta de opinión sobre autodeterminación en el País Vasco, aunque sin valor jurídico.

Rubio Llorente también se pronunció sobre el deseo del Partido Popular de plantear un recurso previo de inconstitucionalidad sobre la reforma del 'Estatut'. A su juicio, es «pura y simplemente imposible». El portavoz de esta formación en el Congreso, Eduardo Zaplana, registró ayer una proposición de ley en la que aboga por establecer este tipo de control. A pesar de que el informe del Consejo de Estado defiende su recuperación (fue derogado en 1985), Rubio apuntó que requiere una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y que, en cualquier caso, no cabría aplicarlo a «un proceso en curso».

El secretario general del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, calificó la propuesta de «parida jurídica» y acusó a los populares de querer cambiar las reglas de juego en mitad de la partida. A su juicio, aún en el supuesto de que la iniciativa saliera adelante, nunca podría aplicarse a la reforma del 'Estatut' antes de su ratificación en el referéndum previsto para el 18 de junio. «Es ilegal -aseguró- y demuestra la falta de confianza del PP en lo que hacen las instituciones democráticas».