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Martes, 4 de abril de 2006
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ESPAÑA
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El PP intentará que todos los presidentes regionales opinen del 'Estatut' en el Senado
Aprovechará la tramitación en la Cámara Alta para que los barones se pronuncien sobre la financiación y el término 'nación' Los populares pretenden sacar a la luz las discrepancias de algunos socialistas
El PP intentará que todos los presidentes regionales opinen del 'Estatut' en el Senado
CRÍTICAS. Acebes destacó las diferentes posturas en el PSOE. / EFE
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El PP intentará propiciar un amplio debate sobre el Estatuto de Cataluña de todos los gobernantes autonómicos. Aprovechará la tramitación de la reforma en el Senado para que sus barones autonómicos fijen posición y solicitará la comparecencia de los socialistas y los presidentes nacionalistas -en el País Vasco y Canarias- en la Cámara Alta, con el objetivo de que se pronuncien sobre el modelo de financiación previsto para Cataluña y la definición de 'nación' que incluye el 'Estatut'.

Los portavoces populares en los distintos parlamentos autonómicos instarán a sus respectivos jefes de gobierno a participar con sus opiniones en la tramitación del Estatuto de Cataluña en la Cámara territorial. Para preparar las mociones que presentarán en todas las asambleas autonómicas con este motivo, se reunieron ayer con miembros de la dirección popular que ha dado instrucciones para poner en marcha esta movilización con vistas a la tramitación de la reforma en su última etapa.

Intervenciones

En la comisión general de comunidades autónomas que dictaminará Estatuto catalán, podrán intervenir los representantes de los grupos parlamentarios del Senado, los portavoces del Parlamento catalán, todos los presidentes autonómicos, el Gobierno de la nación y los senadores por designación autonómica que así lo soliciten.

En principio, sólo los gobernantes del PP y el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, han confirmado que tomarán la palabra en el debate, mientras que los socialistas no tienen previsto intervenir. Pero los populares quieren intentar sacar a la luz las distintas opiniones de los socialistas sobre el polémico 'Estatut', por lo que presionarán para que los barones del PSOE se pronuncien en público sobre los aspectos más espinosos de la reforma.

Puntos polémicos

El secretario general del partido opositor, Ángel Acebes, ya apuntó en esa dirección ayer, cuando preguntó si todos los presidentes autonómicos socialistas están de acuerdo en «que se determine la financiación de las autonomías en función de su riqueza», al tiempo que recordó que Andalucía prefiere que se tome como referencia la población. Asimismo, reclamó a los gobernantes del PSOE que expliquen en el Senado si van a proponer que sus respectivas autonomías sean consideradas nación y «qué opinan de que lo sea Cataluña».

Por su parte, Acebes aseguró que no existen discrepancias en las opiniones que mantienen los presidentes autonómicos del PP y dijo que así se puso de manifiesto en el almuerzo que compartieron con Mariano Rajoy el lunes de la semana pasada.

El comité de dirección, en su habitual reunión semanal, resolvió vetar la reforma del Estatuto catalán en la Cámara Baja por considerar que es abiertamente inconstitucional, rompe la igualdad entre españoles, termina con España como nación única y supone un avance hacia un proceso federal. Además, los populares volverán a pedir que se paralice la tramitación del 'Estatut' a la espera de que se pronuncie sobre su contenido el Tribunal Constitucional.

A tal fin, proponen que se dé prioridad a la reforma de la ley orgánica por la que se rige este órgano -actualmente en tramitación en el Congreso- para incluir una enmienda que permita regular de nuevo el recurso previo de inconstitucionalidad.

Por otra parte, el PP continuará la recogida de firmas para que José Luis Rodríguez Zapatero convoque un referéndum en toda España sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. Según Acebes, ya han recogido 3.700.000 apoyos, que se presentarán con una moción en el Congreso, en un plazo de 15 a 20 días y, en cualquier caso, antes de que concluya el debate de la reforma en el Senado.

El dirigente popular sugirió que «haría muy mal el presidente del Gobierno en despreciar más de tres millones de firmas» y apuntó que se trata de «una movilización que no se puede dejar pasar como si no hubiese ocurrido nada». Comparó los casi cuatro millones de firmantes con el millón y medio de manifestantes que salieron a la calle en Francia para rechazar la nueva reforma laboral del Gobierno de Dominique de Villepin.



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