La casa de subastas Christie's de Londres suspendió temporalmente ayer la subasta, prevista para hoy martes, de cinco valiosas vigas del artesonado de la Mezquita de Córdoba, frenando así su firme intención inicial de seguir adelante con la puja a pesar de las objeciones planteadas por el Gobierno español.

El abogado José María de Lorenzo, que representa al Cabildo Catedralicio de Córdoba y al Ministerio de Cultura español, informó que se logró paralizar la venta para abrir un periodo de negociación con la casa de subastas británica que ponga fin al contencioso.

El bufete de abogados Irwin Mitchell, del que Lorenzo es socio español, indicó en un comunicado que había conseguido persuadir a la casa de subastas de retirar la venta de las vigas, al tiempo que expresó su satisfacción toda vez que «forman parte de uno de los más importantes monumentos en el mundo y son de gran importancia religiosa y cultural para España».

Christie's confirmó que, efectivamente, había suspendido la puja y que había iniciado conversaciones con las autoridades españolas con el objetivo puesto en negociar la venta privada de las cinco vigas. En un escueto comunicado, la galería londinense expresó su decisión de retirar la subasta, como se reclamó desde la parte española, e iniciar las discusiones que pudieran conducir a un acuerdo que evitara controversias o futuros pleitos.

Y es que, hasta apenas horas antes, el letrado español anunció que España estaba intentando obtener una orden judicial para impedir la venta de las valiosas vigas, que datan del siglo X, tienen unos seis metros de longitud, y que la galería londinense valora entre un mínimo de 148.000 euros y un máximo de 450.000 cada una.

Carmen Calvo

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ya había alertado a la galería que se debía investigar el origen y autenticidad de las vigas, toda vez que no estaba claro si su origen era legal o no y aún estaban pendientes de concluir las pesquisas judiciales y policiales. Las controvertidas piezas no son del patrimonio público, sino de la Iglesia católica, concretamente del Cabildo Catedralicio. Calvo evidenció ayer que el Gobierno no descartaba pujar por las piezas o abrir un proceso negociador para su compra, pero fue prudente sobre esta eventualidad: «no conviene quemar los cartuchos que un Gobierno tiene para estos casos», comentó.