El Gobierno ha convocado para hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que tendrá como único punto en su orden de día inicial el procedimiento que concluya con la disolución del Ayuntamiento de Marbella, según informaron anoche fuentes del Palacio de La Moncloa.

La reunión tendrá sobre la mesa el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que, este mismo martes, solicitará al Ejecutivo la disolución del Ayuntamiento marbellí. La medida, sin precedentes, es adoptada por entender que en la localidad de la Costa del Sol se ha producido una gestión «gravemente dañosa para los intereses generales», supuesto que recoge el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local para poder disolver una corporación.

El Ejecutivo central apoyará en su reunión el requerimiento de la Junta. Pero, para tomar una decisión firme, necesita contar antes con un informe favorable de la Comisión Nacional de Administración Local -que reúne al Estado y a la FEMP- y también otro del Senado, que elaborará a requerimiento de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

Nunca antes

El motivo de celebrar una reunión extraordinaria obedece, según las mismas fuentes, a que el Gobierno entiende que el Ayuntamiento de Marbella no puede estar dos semanas sin un equipo gestor al frente. De manera que con los informes citados ya en su poder, el Consejo de Ministros tiene la intención de aprobar el próximo viernes la inmediata disolución del Consistorio, una decisión extrema que nunca antes se había adoptado en España y que pretende acabar con la trama de corrupción urbanística destapada en Marbella.

Lo que tienen claro el Gobierno, la Junta y el PSOE es que es «imposible» adelantar las elecciones como pretende el PP. El primer partido de la oposición sostiene que la única solución para devolver la «normalidad» al municipio de Marbella pasa por la convocatoria de elecciones anticipadas, previa disolución del Ayuntamiento.

Los populares aseguran que «con voluntad política» es posible acelerar el acuerdo del Ejecutivo y la celebración de comicios municipales en plazo. De hecho, el grupo parlamentario del primer partido de la oposición en el Senado presentará este martes una moción para instar a los socialistas a acelerar el procedimiento y poder llevar a los marbellíes a las urnas cuanto antes.

Situación excepcional

Sin embargo, según la ley no se pueden celebrar comicios locales en el año previo a la fecha oficial de las elecciones municipales, previstas para mayo de 2007. Para adelantar las elecciones habría sido necesario que el Consejo de Ministros hubiera disuelto el Ayuntamiento y convocado elecciones municipales el pasado domingo.

Acebes, insistió en la convocatoria electoral y rechazó encomendar la gestión de los asuntos ordinarios del Ayuntamiento a una comisión gestora, una vez que el Consejo de Ministros apruebe la disolución de la actual corporación municipal. En su opinión, «extender la provisionalidad no es la solución» porque la situación es «excepcional». Apuntó que los candidatos a la alcaldía que se presentaron a los comicios de 2003, «están imputados, procesados o en la cárcel», a excepción de la aspirante del PP, Ángeles Muñoz.

«Es una situación límite que sólo puede salvarse con otras elecciones», reiteró el dirigente del PP, que calificó de «importantísimo» el año que falta para la convocatoria general a las urnas en todos los Ayuntamientos. En su opinión, es urgente «dar la palabra a los ciudadanos para que puedan elegir el equipo de gobierno que tiene que poner orden». Por su parte, los socialistas elogiaron que el Poder Judicial haya actuado para acabar con la trama de Marbella y lamentaron que en los años de gobiernos del PP la fiscalía «mirase para otro lado».

Blanco respaldó la decisión de la Junta andaluza de pedir la disolución del Ayuntamiento y al mismo tiempo reprochó al PP su «doble moral», que a su juicio le hace ser «permisivo» con los ayuntamientos de Valencia y Murcia en manos de su partido -sobre los que hay sospechas de tramas urbanísticas- mientras que extrema el celo acusatorio con los consistorios en los que gobiernan otros partidos.