Tras la reunión celebrada ayer entre representantes sindicales de los bomberos (CSIF, CCOO y SBC) de la provincia y la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, CSIF quiere hacer un llamamiento a la cordura para una rápida solución a la posible expulsión del Ayuntamiento jerezano del Consorcio provincial de Bomberos. Una expulsión debida al impago de las cuotas y las deudas adquiridas hace ya año y medio por parte del Ayuntamiento de Jerez y que podrían alcanzar los 7.500.000 euros en total.
Para evitar los graves perjuicios que conllevaría la salida del Consorcio provincial a los trabajadores y a la ciudadanía, CSIF considera aceptable la propuesta del Ayuntamiento jerezano para afrontar los pagos pendientes. Dicho plan de pagos, según se comunicó a los representantes de los trabajadores, supone que el municipio abonaría 3.600.000 euros de los 4.000.000 que les solicita el Consorcio para el ejercicio de 2012.
Pero al mismo tiempo, CSIF entiende que sería indispensable que el Consorcio aceptara la revisión de las cuotas que aportan los municipios a la institución provincial. A juicio de la central sindical, hay margen suficiente para reducir las aportaciones de los Ayuntamientos a costa de suprimir algunos gastos que se pueden considerar superfluos o prescindibles.
Para CSIF, podría evitarse la duplicidad del servicio de emergencias del 112 y el 085, cuando en otras provincias ya está todo centralizado en el 112. El 085 es gestionado por una empresa privada que cuesta al año 700.000 euros. Del mismo modo ocurre con los servicios jurídicos (que podrían usarse los de Diputación) o con la empresa privada que lleva el mantenimiento físico de los bomberos (que cuesta unos 400.000 euros al año y que podría sustituirse por convenios con los propios ayuntamientos para la utilización de instalaciones deportivas municipales).
