La inopinable crisis económica ha obligado a muchos ciudadanos a apretarse el cinturón, de manera que tengan que prescindir de algunos caprichos adquiridos casi como costumbres durante los años de bonanza: como quitarse del café de la mañana en el bar, para tomarlo en casa, o recurrir a las rebajas en lugar de la ropa de temporada, el almuerzo de fin de semana o a nuestro pesar, comprar el periódico todos los días. Sin embargo existe una cara más amarga, que la representan aquellos a los que la crisis les ha privado incluso la capacidad de pagar los recibos de la luz, del agua o incluso, para asumir todos esos gastos anteriores, reducir la cantidad de comida en el plato cada día. Se trata de un rostro menos visible, aparentemente minoritario, aunque por desgracia no es un sector de la población pequeño y además tiende a crecer con la nueva situación económica.

En la provincia de Cádiz, según un informe sobre exclusión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) -apoyado a su vez en informes de Cáritas y del Instituto Nacional de Estadística-, se estima que unas 12.259 personas viven en estado de exclusión social.

Pobreza severa

Cádiz es por tanto -según el mismo informe- la provincia con mayor porcentaje de personas que se engloban dentro de este grupo social, que estadísticamente se les etiqueta dentro de la llamada «pobreza severa» y que disponen de unos ingresos inferiores al 25% de la Renta Media Disponible, que según Apdha, se sitúa en los 600 euros en España.

Los datos, sin embargo, suelen llegar siempre más tarde que la realidad, y en este caso los últimos se remontan a 2005, en plena bonanza económica, por lo que con la nueva situación económica el número de gaditanos que se identifique con estas condiciones puede ser superior.

Además, no todo depende del nivel de ingresos: el endeudamiento de créditos e hipotecas ha creado, por ejemplo, una nueva figura de necesitados a quienes la crisis llega a ahogar no por sufrir niveles bajos de ingresos sino por padecer niveles altos de deudas.

De este modo, parejas que hasta ahora compartían salarios 'mileuristas', muy por encima del umbral de pobreza, se enfrentan a pagos mensuales que superan los 700 euros -la mensualidad media de los créditos en Cádiz-.

La tendencia, además, es ascendente y cada mes se añaden nuevas familias, según confirman en los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos de ciudades gaditanas. «Están llegando personas a las que les ha sorprendido la crisis», asegura José Macías Teodoro, delegado de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cádiz, que suscribe que tanto en los servicios sociales del consistorio de la capital como en centros relacionados, el perfil de los que demandan ayudas se ha modificado para acoger una nueva figura.

Cada vez más familias de clase media u obrera, que en años de bonanza llegaron a embarcarse en compras de envergadura como viviendas o vehículos, y que ahora son incapaces de afrontar la situación, reclaman asistencia por parte de trabajadores sociales. «Son personas que compraron un piso y, o bien les ha subido la hipoteca o han perdido el empleo, y ahora no les llega ni para comer», explica el concejal gaditano.

«Overbooking»

En municipios como San Fernando, reconocen que el aumento de las citas de ciudadanos que desean entrevistarse con trabajadores sociales para contar la situación que padecen en sus hogares no para de crecer, y hablan ya abiertamente de «saturación» y «overbooking» a la hora de ofrecer sus servicios: así describe la situación la delegada de Servicios Sociales del municipio de San Fernando, Susana Rocamonde: «no damos abasto, cada vez llegan más peticiones de ayuda porque la crisis ha resentido mucho a las familias isleñas». En la capital gaditana, la demanda ha llegado motivar, por ejemplo, que el Equipo de gobierno municipal redoble el esfuerzo económico y revise algunos presupuestos iniciales destinados a ofrecer ayudas sociales, al haberse agotado ciertas partidas como las destinadas a subvenciones por alquiler, para la que el área de Bienestar Social contaba este año con hasta un millón de euros. «Se ha superado el presupuesto, por lo que el pasado Pleno municipal debimos pedir una ampliación a la Junta de Andalucía». El aumento de la demanda es difícil de medir, pero ya se nota en las oficinas de asuntos sociales y en algunos comedores sociales como el de la Fundación Virgen Poderosa, a cargo de la congregación religiosa de las Hijas de la Caridad y que atiende cada día a decenas de personas.

Ahogados por las deudas

En este comedor -uno de los dos que funcionan en la ciudad-, «desde mediados de agosto hasta ahora la demanda ha aumentado de manera exagerada, sobre todo de nuevas familias, que no tenían problemas económicos de generación en generación, ni están desestructuradas», reconoce Sor Teresa, madre superiora de la congregación. «Antes este tipo de familia era muy puntual, en el último mes hemos recibido a más de veinte», afirma.

«Cuando recurren a nosotros es porque tienen la soga al cuello, porque le cortan la luz en casa; con este tipo de familias se hace otro seguimiento, no vienen todos los días, sino una vez a la semana o al mes, porque para ellos es una humillación».

Según la religiosa, existen muchos perfiles de cuantos acuden al comedor, aunque generalmente «son personas mayores o de mediana edad -de 40 a 50 años- y son más habituales los hombres que las mujeres».

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