Un convenio prevé penas alternativas para los menores

La Comisión Informativa de Servicios a la Comunidad aprobó en su reunión de ayer en el Ayuntamiento un convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y el Consistorio para la ejecución de medidas judiciales sobre menores infractores. Según explicó el director general de Bienestar Social y del Mayor, José Manuel Jiménez, este convenio, continuación de uno ya existente, «contempla medidas judiciales alternativas a la privacidad de libertad por parte de menores infractores».

El documento suscrito incorpora la medida para la incorporación a programas socioeducativos de estos menores que permite un proceso de integración y recuperación, así como la medida de privacidad del fin de semana. Además, continuará también «el programa que permite que estos chavales, en vez de ser recluidos, puedan realizar servicios a la comunidad», indicó José Manuel Jiménez.

En la comisión se rechazó la propuesta del Grupo Municipal Popular para que se proceda a la aprobación de la Ley de Inclusión Social. Jiménez argumentó su rechazo «porque entendemos que ya existe una tramitación parlamentaria de esta ley, y está pendiente del recorrido que tiene que realizar cualquier ley. Por ello creemos que no tenemos que instar a la Junta de Andalucía cuando ya se está desarrollando el proceso, que ahora está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social»

Esta explicación, sin embargo, no convenió al Partido Popular. La edil de la formación Isabel Paredes aseguraba que «son muchas las Comunidades que han asumido y por tanto han realizado medidas y actuaciones tendentes a la inclusión social». Añadía que «existe una heterogeneidad normativa y ello nos ha llevado a la consiguiente desigualdad de protección, de ahí la necesidad de una Ley Básica de Inclusión Social».

La Comisión de Servicios a la Comunidad celebrada ayer también rechazó también llevar al próximo pleno del 24 de julio la propuesta del Grupo Municipal IULV-CA de rechazo a la aprobación por el Parlamento Europeo de la directiva de retorno.