El Gobierno ordena mano dura y pone a 25.000 agentes a vigilar carreteras

Y al tercer día de huelga en los transportes de toda España, el Gobierno reaccionó. Lo ha hecho dejando atrás contemplaciones, ya que ha reclamado mano dura a la Policía y a la Guardia Civil para desalojar de las carreteras a los piquetes que bloqueen el tráfico y acosen a los camioneros que hayan decidido no secundar la huelga. La muerte de un manifestante en Granada y los múltiples altercados por todo el país han provocado la respuesta oficial. Entre los incidentes más violentos, ayer destacaron dos en la ciudad de Alicante: por un lado el incendio de un camión mientras dormía en él su conductor, que sufrió quemaduras de primer grado. Por otro lado, el miembro de un piquete en la capital alicantina resultó herido leve al ser atropellado por otro transportista.

En la provincia los tres días de paro apenas han dejado altercados menores: cortes de cables en algunos vehículos, roturas de luna y, eso sí, mucho piquete en los lugares estratégicos y problemas de tráfico por las continuas caravanas de tráilers por las carreteras gaditanas (ayer le tocó el turno de caos circulatorio al triángulo Jerez-El Puerto-Sanlúcar).

Volviendo a la mano dura, así lo advierten fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tras reunirse a última hora del martes y en la mañana de ayer para abordar un operativo que deje expeditas las vías. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, remarcó todas estas precauciones afirmando que el Ejecutivo «está poniendo todas las medidas a su alcance y pondrá más si es necesario» para garantizar los derechos de los ciudadanos. De momento, ayer se abrió la frontera de la Jonquera y se detuvieron a todos los manifestantes que ocuparan el asfalto.

En un clima enrarecido por la muerte de un huelguista, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió que se han desplegado 25.100 agentes que se aplicarán «con la máxima contundencia y firmeza» para garantizar el abastecimiento de productos básicos. Eso supone que el Ejecutivo no sólo garantizará la entrega de combustible, sino que hará lo mismo con ciertos alimentos. Además, los piquetes son «ilegales», recordó Pérez Rubalcaba, y sus integrantes se enfrentan de forma personal a multas, sanciones y a la retirada de puntos del carné de conducir.

El paso adelante de Interior tuvo su primera y más espectacular expresión en un efectivo despliegue de los antidisturbios en la N-I en sentido entrada a Madrid (una de las arterias con más problemas de retenciones desde el lunes), donde 34 camioneros fueron detenidos y conducidos a la comisaría de Moratalaz para ser puestos a disposición judicial. Fueron ocho las unidades de la Unidad de Intervención Policial (UIP) las que solventaron la situación sin necesidad, eso sí, de utilizar la fuerza. Algunos de los arrestados se enfrentan cargos de coacción y desobediencia a la autoridad, además de alteración del orden público. Los propios agentes retiraron los camiones de los detenidos.

También los Mossos D'Escuadra, en colaboración con la Policía Francesa, despejaron el paso fronterizo de Biriatou, uno de los puntos más calientes de estos últimos días y en el que se habían acumulado hasta 3.000 camiones.

Llamamiento a la calma

El ministro de Interior explicó que lo mismo se pretende hacer con la Ertzaintza en la frontera de Irún. A media tarde, eran más de 50 los integrantes de piquetes detenidos en toda España y con la perspectiva de que el número continuara creciendo. En la provincia de Cádiz, en cambio, no se habilitó ayer ningún grupo de manifestantes en las zonas vitales de carga o descarga como sí ocurrió días anteriores.

Pero no todas las intervenciones fueron tranquilas. Por ejemplo, dos agentes de la Guardia Civil se vieron obligados a sacar sus armas reglamentarias al ser acosados por un grupo de piquetes en el término municipal de La Garrovilla, en Cáceres. También se registraron incidentes en Murcia, donde se pincharon las ruedas de un furgón policial.

Las propias organizaciones convocantes de la huelga (Fenadismer, Confedetrans y Antid) hicieron un llamamiento a la serenidad, aunque criticaron con dureza el dispositivo policial: «Nos están interrogando como si fuéramos delincuentes». Desde la provincia, el presidente de la asociación provincial, Antonio Gutiérrez, apuntó que «no somos terroristas y sólo estamos intentando reclamar nuestros derechos».