Donald Trump aborda el Air Force One este sábado con destino a Carolina del Norte
Donald Trump aborda el Air Force One este sábado con destino a Carolina del Norte - Afp

Trump exige blindar la frontera a cambio de salvar a los «dreamers»

El muro y más deportaciones, condiciones para legalizar a los jóvenes indocumentados

El presidente pide al Congreso 10.000 policías, 370 jueces y 300 fiscales más, para frenar la inmigración

CORRESPONSAL EN WASHINGTONActualizado:

Donald Trump ha movido su ficha definitiva para endurecer la política de inmigración. Tras haber hecho del blindaje de las fronteras el eje de su campaña electoral y el hilo que le conecta con sus acólitos, se estrenó lanzando la «travel ban». Pendiente aún de decisiones judiciales, su controvertida norma prohíbe hoy el acceso a ciudadanos de ocho países, la mayoría musulmanes. Dio un paso más con la suspensión del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un jaque a 800.000 «dreamers», los jóvenes indocumentados que entraron llegaron cuando eran menores, hasta entonces protegidos. En la enésima enmienda a la política de Obama, el presidente busca ahora el giro final para combatir a los indocumentados en la frontera y en el interior de Estados Unidos. El informe de setenta propuestas que ha remitido al Congreso es su vía abierta a un difícil consenso. Aunque no alude a ellos expresamente, sus asesores ya han filtrado que la aprobación de sus propuestas «debe acompañar a una solución definitiva para legalizar a los dreamers». Una forma encubierta de plantear un condicionado intercambio de cromos.

Entre la declaración de principios y la exigencia de contraprestaciones, Trump demanda la construcción del muro en toda la frontera con México, una mayor facilidad para deportar a los menores que proceden de la violencia en Centroamérica, la retirada de fondos a las llamadas «ciudades santuario» (que protegen a los indocumentados) y la contratación de 10.000 policías, 370 jueces de inmigración, 300 fiscales federales y mil abogados, que agilizarían los 600.000 casos de inmigrantes ilegales pendientes de solventar.

Visados por «méritos»

El cambio en la política de inmigración que plantea Trump apunta también a una radical modificación del reparto de visados, que apostaría ahora por el sistema de «méritos». Además de terminar con la llamada «inmigración en cadena», basada en la consecución de la residencia permanente basada en los vínculos familiares, la propuesta de la nueva Administración pretende primar las destrezas laborales y los conocimientos. La exigencia de un uso mínimo del inglés y de la posesión de títulos académicos reduciría a la mínima expresión la llegada de inmigrantes con escasa formación. La propuesta del presidente supondría la eliminación de la «lotería de visados», que supone otorgar cada año por sorteo 50.000 a personas que «no tienen vínculo alguno con Estados Unidos», según denuncia la Administración Trump. En el fondo del giro late el mensaje del presidente populista, consistente en denunciar el «perjuicio» que la llegada de inmigrantes con menos formación ha supuesto para «los trabajadores estadounidenses», como recuerda en su informe. Los mismos que le auparon a la presidencia, especialmente en los estados industriales.

Pese a que la batería de propuestas es todavía más ambiciosa, la puesta en marcha del grueso de estas medidas satisfaría plenamente las aspiraciones de Trump. En un intento de no mostrar todas las cartas, ni él ni la Casa Blanca han querido precisar todavía cuál es el mínimo irrenunciable que facilitaría un entendimiento entre el ejecutivo y el legislativo. Aunque el tira y afloja con los republicanos y los demócratas ya comenzó, se puede considerar que es ahora cuando se inicia la partida de cartas entre el ocupante del Despacho Oval y los legisladores. Los demócratas ya han reaccionado rechazando frontalmente cualquier acuerdo para legalizar a los «dreamers» que incluya el muro, auténtico «casus belli» para la minoría en el Congreso. Charles Schumer y Nancy Pelosi reprochan a Trump que vuelva a proponer su construcción después de haber estado dispuesto a excluirla en pos de un acuerdo. Tampoco ayuda la supresión de las ayudas a las grandes ciudades que salen en ayuda de los indocumentados, todas ellas con alcalde demócrata y dispuestas a movilizarse contra Trump, si hace efectivas sus advertencias.

Cuenta atrás

Un ambiguo presidente presiona con la cuenta atrás ya iniciada para los jóvenes indocumentados, la mayoría de los cuales quedará en marzo en riesgo real de deportación. Pese a sus continuos guiños y al reconocimiento de que «son una buena gente comprometida con el país», las advertencias de los fieles y de aquellos comunicadores que los representan, partidarios de un borrón y cuenta nueva antiinmigración, mantienen a Trump en la prudencia.

Ni siquiera la vía del acuerdo con sus aliados republicanos promete un camino asequible. Muchos senadores recelan del que llaman despectivamente «muro de Trump», un proyecto en el que nunca han creído y que, estiman, sólo servirá para engordar la elevada deuda del país. Las continuas presiones del presidente para que el Congreso impulse una primera partida han caído por ahora en saco roto. Pese a que es previsible que la Cámara de Representantes dé luz verde a una partida de 10.000 millones de dólares, ya aprobada en comisión, la cámara alta será un obstáculo difícil de franquear para su aplicación efectiva. Las cuentas no le salen a Trump. De los cien senadores, es previsible que casi todos los 48 demócratas se opongan. Y el presidente está hoy lejos de convencer a todos los 52 republicanos. A eso hay que añadir que muchas de las propuestas exigen una mayoría reforzada de sesenta.

Mientras en San Diego (California), junto a la frontera con México, se muestra ya el boceto delos ocho prototipos del muro, el presidente mantiene un as en la manga. Como amenazó recientemente en Twitter, el inquilino de la Casa Blanca no descarta vetar una ley presupuestaria que no financie el grueso de sus demandas contra la inmigración ilegal. Aunque ello conllevaría la amenaza de un «shutdown» (cierre) del Gobierno Federal, el consiguiente impago a los funcionarios y el considerable desgaste que el presidente tendría que asumir. La intención de Trump es presionar hasta diciembre, cuando las cámaras deben aprobar la norma financiera.