De izda. a dcha., los magistrados venezolanos Ramsis Ghazzaoui, Domingo Salgado Rodríguez, Miguel Ángel Martín y Cruz Graterol, ayer, en la redacción de ABC
De izda. a dcha., los magistrados venezolanos Ramsis Ghazzaoui, Domingo Salgado Rodríguez, Miguel Ángel Martín y Cruz Graterol, ayer, en la redacción de ABC - JOSÉ RAMÓN LADRA

El Tribunal Supremo «legítimo» de Venezuela se instala en la OEA

Los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, que tuvieron que huir del régimen chavista, trabajan para llevar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de crímenes contra su país

MADRIDActualizado:

El pasado 21 de julio la Asamblea Nacional legítima, elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015, designo a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo después de un proceso de selección de seis meses. Dichos magistrados iban a sustituir a los elegidos, de manera ilegal y a dedo, por el Parlamento chavista saliente tras la victoria de la oposición en las urnas. Estos nombramientos ilícitos permitieron durante meses a ese Tribunal Supremo ser el brazo ejecutor de las directrices del Gobierno de Nicolás Maduro, ninguneando la autoridad de la Asamblea Nacional, a la que intentó quitar sus atribuciones. Algo que ante el escándalo internacional, no fue posible (por eso ideó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente).

Tras el nombramiento de los nuevos magistrados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitó a las autoridades aplicar «acciones de coerción» en su contra, acusándoles de «usurpación de funciones». Al mismo tiempo, el presidente Nicolás Maduro anunció que los apresaría «uno a uno» y les congelaría sus bienes. Y no bromeaba. El 22 de julio, Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa fue detenido por agentes de inteligencia (Sebin). Inmediatamente, el resto de magistrados intentó buscar refugio para no correr la misma suerte. Actualmente, once de ellos se encuentran en EE.UU., seis en Colombia, uno en Chile, y varios en embajadas de varios países en Caracas. A pesar de toda la presión que han sufrido, los magistrados han seguido en contacto y trabajando durante estos meses para mantener vivo el Tribunal Supremo «legítimo» de Venezuela, aunque sea en el exilio. Así, el próximo 13 de octubre harán pública su constitución oficial, que tendrá como sede la Organización de Estados Americanos (OEA), que les ha apoyado y ayudado en esta iniciativa inédita en el mundo.

Una delegación de estos magistrados, integrada por Miguel Ángel Martín, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Ramsis Ghazzaoui, Cruz Graterol y Domingo Salgado Rodríguez, ha ido recabando apoyos de gobiernos latinoamericanos –Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, México– y europeos. Tras visitar el Parlamento Europeo, en Bruselas, esta semana han recalado en Madrid para reunirse con magistrados y políticos españoles, e informarles de que «durante el mes de octubre nos vamos a integrar en la Organización de Estados Americanos (OEA)». ¿Un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? «No, un TSJ “legítimo”, no en el exilio», aclara Miguel Ángel Martin, durante una entrevista en la sede de ABC. «Va a funcionar bajo el auspicio y en la sede de la OEA, en Casa de las Américas (Washington)». Van a formar parte de él los 33 magistrados. «Para el acto acudirán todos, excepto los que están en las embajadas, que no pueden».

¿Por qué han elegido la OEA para establecer el TSJ «legítimo»?

Miguel Ángel Martín: Primero, porque se trata de la Casa de las Américas; y segundo, porque ha demostrado, no solo con palabra sino con hechos, que le importa Venezuela. Que la democracia, la libertad, la independencia, y sobre todo, el regreso de la ley es necesario para la región, porque no solo es un problema de Venezuela. Es un problema que comenzó en el país, pero se extendió a la región, al Caribe, a Europa... Y se ha producido algo propio de regímenes anárquicos: el narcotráfico internacional. Y también el terrorismo. Estos señores son amigos de señores peligrosos para el mundo. Y, tercero, el tema de la corrupción: son grupos de personas que han saqueado los recursos de un país para potenciar a otros países, organizaciones políticas en América y en Europa para crear una geopolítica peligrosa, de sesgo ideológico, de pensamiento único... . Por eso es imperativo abrir las investigaciones, por ejemplo, en el tema de las sanciones a miembros del régimen y a los sospechosos de delitos de lesa humanidad. El Gobierno de EE.UU. ha sido muy claro imponiendo sanciones de manera individual, una medida de prevención que también ha asumido Canadá. Nosotros le pedimos a España que también asuma la postura. Para nosotros es muy importante porque desde su Constitución de 1978, ha sido una bandera de la libertad, de la democracia... Por eso pedimos a España que tome medidas contra los miembros del régimen sospechosos de legitimación de capitales, de narcotráfico y de terrorismo.

¿También se lo han pedido a la Unión Europea?

Lo están estudiando. Necesitan el voto de algún país, porque debe ser unánime la decisión. Les hemos pedido que sensibilicen a Grecia

¿Cuáles van a ser las funciones de este TSJ «legítimo» instalado en la OEA?

La jurisdiccional: por supuesto, vamos a emitir decisiones sobre cada uno de los problemas que aquejan a nuestro país, como la crisis humanitaria, la institucional y vamos a asumir las posturas que nos corresponden desde el punto de vista de la jurisdicción, y como juristas. Como un tribunal. También vamos a trabajar internacionalmente, a través de la justicia trasnacional, para denunciar y perseguir las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, de la cual son sospechosos muchos miembros del régimen. Vamos a tener una actividad jurisdiccional enmarcada dentro de los problemas internos que vive y sufre nuestro país; así como también el espacio internacional que nos abre la posibilidad de manejar delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos.

¿Pueden emitir sentencias?

Podemos emitir decisiones, sentencias constitutivas de derecho. Somos el tribunal legítimo, pero por razones que todo el mundo conoce, no podemos funcionar desde Caracas, y lo hacemos desde la OEA. Es algo inédito y un ejercicio de democracia.

Fuera de Venezuela, ¿qué potestad tienen ustedes?

Ramsis Ghazzoui: Tenemos una potestad que está en la Constitución, en la ley. La legitimidad viene dada por la Asamblea Nacional legítima que nos eligió en un proceso transparente. Eso nos da la capacidad de actuar. En el orden legítimo, al ser legítima nuestra potestad, tendrá valor interno. Que los miembros del gobierno del régimen de Maduro no lo vean así, eso es otra cosa.

¿Cómo será la ejecución de las sentencias?

Cruz Graterol: La ejecución inicial de esas sentencias puede que no sean en Venezuela, sino que se pueden hacer a través de la jurisdicción internacional. Gran parte de los casos que nos va a corresponder juzgar y decidir no solo son delitos de nuestra república, sino a nivel internacional. Nos referimos a narcotráfico, terrorismo, lavado de capitales, tortura, lesa humanidad... que son delitos dentro y fuera de Venezuela.

Justicia trasnacional

Para ello utilizarán las normas de derecho internacional. «Cuando hablamos de temas sensibles como el terrorismo, el narcotráfico, lavado de dinero... Ahí se activa la justicia trasnacional -señala Miguel Ángel Martín–. Existe una convención internacional (Convención Palermo) sobre la delincuencia organizada, de la que forma parte España, en la que los países que la integran están obligados a activar esa justicia. Nosotros vamos a coadyuvar con la justicia internacional para que se produzca la justicia en cada uno de estos casos».

También, ante la Corte Penal Internacional, que está regida por el Estatuto de Roma, vamos a activar esa instancia internacional para perseguir que se determine la responsabilidad de los miembros del régimen que son sospechosos de haber cometido delitos de lesa humanidad».

El TSJ «legítimo» no está solo en esta lucha contra los crímenes del régimen chavista. «Formamos parte de un equipo en la OEA, en el que también está el magistrado Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la CPI, que está recabando información sobre los delitos de lesa humanidad que se están produciendo en Venezuela desde hace muchos años, al que nosotros ya hemos aportado documentación».

Entre las personas que tienen previsto llevar a la CPI también se encuentra el presidente Nicolás Maduro, «sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad. Se tendrá que someter a la justicia».

Colaboración de la fiscal general Luisa Ortega

Quien parece dispuesta a colaborar con ellos es la fiscal general Luisa Ortega, también en exilio perseguida por el Gobierno de Maduro, y que ya ha hecho pequeños anuncios durante los últimos meses sobre las violaciones del régimen chavista. «Ha manifestado públicamente que tiene pruebas de corrupción y de otros delitos que se han cometido en Venezuela, y estamos esperando que nos traiga las denuncias y las pruebas pertinente». Ortega también ha sido requerida por España para participar en una investigación abierta sobre la financiación de partidos.

En los últimos dos meses la vida de estos cuatro magistrados ha cambiado mucho, obligados a huir del país acompañados de sus familias. Pero eso no ha doblegado el que consideran su deber. «Ha aumentado nuestra convicción democrática y de lucha por nuestro país. Eso es infranqueable. Y creo que podemos hablar por todos nuestros compañeros magistrados», asegura Martín. «Esto nos ha hecho más fuerte», añade el magistrado Ramsis Ghazzaoui.

¿De dónde tiene que venir la solución para que Venezuela vea por fin la luz, del interior o del exterior del país?

De una combinación de ambas. Tal vez haya una explosión social, pero esta solicitud de medidas (sanciones) es capital, necesaria. La solución debe ser quirúrgica, sobre todo por el sufrimiento del pueblo. Comprimir o limitar las acciones del gobierno. Pero en el orden interno, las fuerzas vivas y los factores democráticos, a pesar que desde fuera se ve como con las manos atadas, tienen un protagonismo primordial. El régimen está prolongando su agonía.