Un tribunal de apelación decide el futuro político de Lula

El expresidente brasileño fue condenado en primera instancia a 9 años de cárcel por corrupción

Corresponsal en Sao PauloActualizado:

La sentencia que este miércoles decide el futuro de Luiz Inácio Lula da Silva dirá también mucho sobre el año político que comienza en Brasil. Para las elecciones presidenciales más inciertas de los últimos tiempos, que se celebran el próximo mes de octubre, el exmandatario es aún el favorito en las encuestas, con el 33% de los votos. En manos de tres magistrados del 4º Tribunal Regional Federal de Porto Alegre puede estar el destino político del expresidente más popular de la historia de Brasil.

Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por el juez Sergio Moro, principal magistrado de la trama de corrupción conocida como Operación Lavacoches. Si en segunda instancia se confirma el primer veredicto, a Lula se le puede complicar el regreso al Palacio de Planalto tras las elecciones de octubre.

Sin embargo, los magistrados informaron en un comunicado que Lula solo será detenido después de que se agoten todos los recursos en la segunda instancia, lo que puede tardar meses e incluso llegar a vísperas de los comicios. Si el caso se define cuando Lula ya es candidato, tendrá aún disponible la vía del tribunal electoral. Pero si el trámite termina antes de la inscripción de candidatos, prevista en agosto, la ejecución de la condena podría llevarlo a la cárcel y no podría ser elegido para cargos públicos en 7 años.

El expresidente será juzgado por corrupción y blanqueo de dinero en el caso de un apartamento tríplex -supuestamente de su propiedad- en el balneario de Guarujá. Lula habría aceptado la vivienda a cambio de conceder a la constructora OAS obras de infraestructura en Brasil y en el exterior, además de servicios en la petrolera estatal Petrobras.

Ha llamado la atención la agilidad del proceso en la habitualmente lenta Justicia brasileña. Según cálculos del diario «Folha de Sao Paulo», solo dos juicios por corrupción se tramitaron en menos de 150 días durante 2017, mientras que el de Lula llegó a segunda instancia en 154 días. El plazo de 42 días entre la primera y segunda instancia también está considerado un récord en el caso Lavacoches, donde el promedio de los procesos ha llevado un año. Sus correligionarios han recurrido a este argumento y también al eslógan de que la «elección sin Lula es fraude».

Movilizaciones a favor y en contra

Lula estará este miércoles en Porto Alegre para seguir de cerca el caso y para participar en un mitin del Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos sociales que lo apoyan, movilizados en masa hacia esa ciudad. De allí viajará a Sao Paulo para asistir a otra concentración popular en el centro de la ciudad, que coincide con otra organizada por grupos contrarios al PT en la avenida Paulista. La Policía brasileña ha preparado fuertes medidas de seguridad en las dos ciudades.

El exmandatario y sus abogados aseguran que el apartamento de lujo de Guarujá nunca estuvo a su nombre. Solo admiten que él y su esposa -Marisa Leticia, fallecida el año pasado- lo visitaron con intención de comprarlo en 2014, cuando ya no estaba en la presidencia, junto al dueño de la constructora y entonces amigo Leo Pinheiro. Según la acusación, Lula recibió sobornos para la compra y decoración del inmueble. Sus abogados, encabezados por Cristiano Zanin Martins, sostienen que el expresidente es víctima de un «estado de excepción por parte de una unidad del Poder Judicial» para evitar que sea candidato.

Zanin, uno de los abogados más importantes de Brasil, aseguró ante corresponsales extranjeros en Sao Paulo que hay argumentos «fuertes» para absolver a su cliente. El jurista cuestiona la falta de pruebas concretas y afirma que Lula sería declarado inocente en cualquier tribunal independiente, razón por la que ha emprendido una campaña internacional con apoyo de juristas norteamericanos. La defensa del expresidente consiguió una carta pública de doce diputados del Partido Demócrata de Estados Unidos, en la que cuestionan al juez Moro. «Lula se mantiene como una de las figuras políticas más populares del Brasil actual y es visto como una seria amenaza en las urnas por sus oponentes políticos», señala la carta encabezada por John Conyers.

Apoyo de intelectuales

El PT, por su parte, ha buscado el respaldo de intelectuales de izquierda, en Brasil y por todo el mundo, en un documento que ya supera las 200.000 firmas contra su condena. En ella constan los nombres del compositor brasileño Chico Buarque, el historiador inglés Peter Burke, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa, la escritora española y viuda del Nobel José Saramago, Pilar del Río; el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky; el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el teólogo Leonardo Boff y los cineastas Costa Gravas y Oliver Stone.

El documento tiene además las firmas de cuatro expresidentes sudamericanos: la argentina Cristina Fernández de Kirchner, el uruguayo José Mujica, el ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Ernesto Samper.

Condenado o no, Lula da Silva aún es el principal protagonista de las próximas elecciones brasileñas. Su popularidad ha aumentado al mismo tiempo que se ha reducido su tasa de rechazo, que ha bajado al 39%, el mismo índice negativo que tenía cuando fue elegido por primera vez en 2001.