Erdogan, durante la ceremonia de sorteo de jueces y fiscales en el Centro Nacional de Bestepe Congreso y la cultura en Ankara esta semana
Erdogan, durante la ceremonia de sorteo de jueces y fiscales en el Centro Nacional de Bestepe Congreso y la cultura en Ankara esta semana - AFP

La policía turca entra en las sedes judiciales más importantes y ordena el arresto de 189 jueces y fiscales

Las autoridades turcas les acusan de utilizar la aplicación ByLock, presuntamente empleada por la red gülenista para comunicarse de forma segura

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Nuevo día, nuevo capítulo de la purga turca. La policía ha entrado en diversas sedes judiciales del país, entre ellas instancias tan importantes como el Ministerio de Justicia y los tribunales de Casación y Apelación. Lo ha hecho en busca de pruebas debido a la orden de arresto emitida por el Fiscal General de Ankara contra 189 jueces y fiscales por su presunta relación con el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.

Según ha informado la agencia estatal de noticias, la operación forma parte de una investigación contra los usuarios de la aplicación ByLock, supuestamente utilizada desde 2014 por los miembros del movimiento gülenista para comunicarse de forma segura. La Agencia Nacional de Inteligencia (MIT) ha asegurado haber detectado a cerca de 56.000 usuarios.

La judicatura es uno de los estamentos más afectados por las masivas purgas posgolpe. El presidente Recep Tayyip Erdogan acusa a Fetulá Gülen, un teólogo residente en Estados Unidos, de estar detrás de los militares sublevados, quienes en aquella fatídica noche acabaron con la vida de unas 240 personas. En Turquía hay pocas dudas sobre la infiltración de los seguidores gülenistas en diversas instituciones del Estado. Incluso los más críticos con el Gobierno y Erdogan coinciden en denunciar el gran poder que habían conseguido acumular. Hasta finales de 2013, Gülen y Erdogan fueron estrechos aliados.

Readmisiones

Hasta el momento, tras la asonada más de 3.400 jueces y fiscales han sido apartados de sus puestos de trabajo por su presunta relación con la red gülenista. Sin embargo, la purga alcanza a muchos otros sectores como las Fuerzas Armadas, el mundo de la educación y los medios de comunicación. Más de 32.000 personas están detenidas y cerca de 100.000, incluyendo altos cargos militares, han sido apartados de sus empleos.

Por esta contundente respuesta, el Gobierno turco se ha ganado numerosas críticas internacionales. El Ejecutivo asegura que está tomando medidas contra cualquier persona sospechosa pero que respeta el estado de derecho. Como prueba, alega que ciertos profesionales que fueron apartados están siendo readmitidos tras demostrarse su inocencia. Es el caso de 198 jueces y fiscales que esta semana se han reincorporado a sus tareas tras la decisión del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK).

No obstante, las readmisiones todavía están muy por detrás de, incluso, las simples denuncias. Según informaba el diario «Habertürk», solo en la capital Ankara, 40.000 personas han sido denunciadas a la policía por supuesta pertenencia a la red de Gülen. De acuerdo con la información, las acusaciones procedían de padres, hijos, familiares y vecinos.

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