El presidente de Brasil, Michel Temer (c), asiste al desfile para conmemorar los 195 años de la Independencia
El presidente de Brasil, Michel Temer (c), asiste al desfile para conmemorar los 195 años de la Independencia - EFE

La Policía brasileña encuentra «indicios de organización ilícita» en el partido de Temer

La Policía Federal señala a la cúpula del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la Cámara de Diputados, y acusó el presidente brasileño de ser el líder del grupo

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La Policía Federal de Brasil halló indicios de «organización ilícita criminal» en la cúpula del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la Cámara de Diputados, y acusó el presidente Michel Temer de ser el líder del grupo. La Policía envió este lunes a la Corte Suprema el informe de la investigación sobre si los integrantes de la cúpula del PMDB en la Cámara Baja formaron una organización para desviar recursos públicos.

Según el texto, las investigaciones «demuestran que el presidente Michel Temer posee el poder de decisión en las acciones del grupo del 'PMDB de la Cámara', tanto para indicaciones en cargos estratégicos como en la articulación con empresarios beneficiados en los esquemas, para el recibo de valores, bajo justificativa de donaciones electorales». «Y, como en toda organización criminal, con división de tareas, el presidente Michel Temer se vale de terceros para ejecutar acciones bajo su control y gerencia», agrega el informe policial.

La Policía Federal aseguró haber identificado situaciones en las que Temer «utiliza» a Moreira Franco (ministro de la Secretaría del Gobierno) y Eliseu Padilha (ministro de la Presidencia), así como el exministro (actualmente preso) Geddel Vieira Lima para lograr sus propósitos, «como la captación de recursos» de empresas privadas. El informe también identificó al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y al exministro Henrique Alves (ambos presos) como miembros de la «organización ilícita» del PMDB.

Según el documento, «el grupo mantenía una estructura organizada con el objetivo de obtener directa e indirectamente ventajas indebidas en órganos de la administración pública». Entre los delitos citados presuntamente cometidos por el grupo figura corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, fraude en licitaciones y evasión de divisas, entre otros. Tras recibir el informe, la Corte Suprema lo enviará a la Fiscalía, que si acepta los argumentos de la policía presentará una denuncia contra todos los implicados.

El informe de la Policía Federal se divulga tres días después de que el fiscal general, Rodrigo Janot, denunciara también por asociación ilícita a la cúpula en el Senado del PMDB. Janot incluyó entre los acusados ante la Corte Suprema a un grupo de senadores, entre ellos el expresidente de la Cámara Alta Renan Calheiros y el exministro Romero Jucá, quienes han recibido diversas denuncias por corrupción en las últimas semanas, así como el ex mandatario brasileño José Sarney.

De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de que los políticos denunciados mantenían el control sobre la Dirección Internacional de Petrobras con el fin de recibir sobornos de los proveedores de esa empresa estatal. Según las investigaciones, el grupo integrado por siete políticos recibió 864,5 millones de reales (unos 279 millones de dólares) en sobornos, generando un perjuicio para Petrobras de 5.500 millones de reales (1.779 millones de dólares) y para su filial Transpetro de 113 millones de reales (36,5 millones de dólares).

Janot presentó hace días una denuncia similar ante el Supremo contra políticos del Partido de los Trabajadores (PT), entre ellos los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y la senadora y dirigente de la formación, Gleisi Hoffmann. El fiscal, cuyo mandato finaliza el próximo domingo, también prepara nuevos cargos contra el presidente Temer, quien ya fue acusado por el fiscal de corrupción pasiva aunque la denuncia fue rechazada por la Cámara baja. Temer se libró del juicio penal gracias al claro respaldo de legisladores de los partidos que apoyan su Gobierno y a que la legislación establece que el Supremo Tribunal Federal sólo puede abrir un proceso al jefe de Estado en caso de que la Cámara de Diputados lo apruebe.