«La pena de muerte no tiene efectos disuasorios contra el terrorismo»

Un total de 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, más de un 50% más que el año anterior, una cifra récord en 25 años, según datos de la ONG Amnistía Internacional. La organización ha subrayado este lunes, que se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que ésta no tiene efecto disuasorio alguno en la lucha contra el terror. Y para ilustrarlo, aseguran que en un momento en el que la amenaza del terrorismo mundial ha provocado un repunte en las ejecuciones, también se ha producido un incremento en el número de antentados.

La causas de ese repunte, según la ONG, son que países que hasta ahora habían impuesto una moratoria sobre la pena capital, como Pakistán, han reanudado las ejecuciones en venganza por sangrientos atentados.

Otros países han respondido al terrorismo con la declaración de leyes específicas que condenan la violencia con ejecución o bien amplían los delitos que contemplan la pena capital.

Estas medidas, según Amnistía, carecen de efecto alguno porque la comunidad internacional se enfrenta a un enemigo que no solo no se siente atemorizado por la amenaza del ajusticiamiento, sino que en muchos casos lo persigue activamente para alcanzar el martirio en pro de su causa. Se trata de un complejo problema humano, a juicio de Amnistía, que ha recibido una respuesta «ineficaz y simplista» a través un castigo irreversible, el «más cruel, inhumano y degradante que existe».

El falso factor disuasorio

Tal y como se puede ver en el mapa superior, 20 países han realizado ejecuciones en 2015: Argelia, Bahréin, Camerún, Chad, China, República Democrática del Congo, Egipto, India, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Dos (Pakistán y Chad) han reanudado las ejecuciones tras largo tiempo sin recurrir a este castigo. Cinco (Emiratos, Camerún, Chad, Túnez y Guyana) han ampliado su legislación antiterrorista para incorporar la pena capital a este delito.

La ONG destaca dos casos en particular: los de Camerún e Irak. El país africano presentó en 2014 su nueva ley antiterrorista, específicamente para combatir a la hiperviolenta secta islamista Boko Haram, cuyos miembros se enfrentan a la pena de muerte en caso de su detención. En respuesta, el grupo armado ha incrementado significativamente sus ataques: desde julio de 2015 a julio de 2016, el grupo ha efectuado al menos 200 atentados que han costado las vidas de 476 personas, con una frecuencia desconocida hasta el momento.

En el caso de Irak, desde la introducción de la ley antiterrorista de 2005, cientos de personas han sido ajusticiadas mientras, según la Misión de Naciones Unidas, «la situación de seguridad ha ido empeorando progresivamente, en una demostración de que la posición del Gobierno iraquí, por la que entiende que la pena de muerte disuade a los terroristas, es inválida».

El caso de EE.UU.

En Estados Unidos unas 8.500 personas han sido condenadas a la pena capital en los últimos 40 años. De ellas, 156 consiguieron ser declaradas inocentes después de haber pasado parte de su vida esperando la sentencia final. Un tercio de esos supervivientes se dedican ahora a recorrer el país contando su experiencia en busca de justicia.

Este lunes se presenta un cortometraje, «The Resurrection Club», que narra la historia de esos «renacidos»: «No somos víctimas, somos supervivientes. Y no queremos venganza. Queremos justicia», aseguran. Son Shujaa, Greg, Ron y Albert, cuatro hombres que tras años esperando la pena capital en distintas prisiones estadounidenses, fueron exonerados.

La pieza, que explora la pelea de estos hombres así como la amistad que les une, está producida por La Claqueta PC y elaborada en colaboración con Amnistía Internacional.