El Parlamento de Venezuela, amenazado por Maduro

Si algún día hubiera que escribir acerca del parlamento venezolano, uno de los más antiguos de América Latina, habría que destacar el coraje y la valentía con que los diputados opositores han enfrentado la “guerra” que el presidente Nicolás Maduro les declaró desde que tomaron el control del legislativo hace apenas un año.

Y es que el mandatario todavía no ha superado que la oposición representada por la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) haya ganado por avalancha (el 66%) las legislativas de diciembre de 2015. Por eso, ha querido torcerle el brazo a la representación popular desde que empezó a ejercer a plenitud sus funciones.

La Asamblea Nacional unicameral está integrada por 167 diputados, de los cuales 112 son de la oposición, a quienes les ha costado “sangre, sudor y lágrimas” resistir la arremetida chavista y no claudicar antes de tiempo.

Maduro ordenó a la administración central no pagar la nómina de los parlamentarios ni de los empleados desde agosto pasado para quebrar su estoicismo.

Nadie trabaja por amor al arte y menos los políticos. Pero en el caso de los parlamentarios opositores el compromiso de la causa democrática que adquirieron con sus 14 millones de votantes está por encima de su salario. Por supuesto, se sacrifican porque confían en que algún día cobrarán retroactivo los seis meses que le adeudan. Tampoco pueden viajar libremente a sus regiones porque el gobierno ha ordenado a las líneas aéreas que no emitan billetes de avión para sus traslados regulares.

La lista de ataques contra la Asamblea Nacional es larga y se pierde vista. Los “colectivos”, grupos armados financiados por el oficialismo, golpean a los diputados en la calle, interrumpen violentamente las sesiones parlamentarias, acosan a los periodistas que cubren la fuente y roban sus equipos y cámaras. También impiden las transmisiones parlamentarias de televisión. Les cortan la luz a cada momento para probar su nivel de resistencia.

Por si fuera poco, Maduro ha ordenado al Tribunal Supremo de Justicia, considerado el brazo jurídico del chavismo, torpedear todas las leyes e iniciativas del legislativo, declarándolo en “desacato” y anulando todas sus actuaciones y funciones. Ha emitido unas 44 sentencias contra el parlamento, dejándolo prácticamente con las manos maniatadas. Lo que le falta es disolver a la Asamblea Nacional pero todavía no lo ha hecho porque se convertiría en una dictadura de facto.

También el Consejo Nacional Electoral (CNE) está controlado por el Ejecutivo. La correlación de fuerza es de 4 rectores chavistas con 1 de la oposición. El CNE decidió suspender el referéndum contra Maduro después de un largo y engorroso proceso para recolectar las firmas de electores para activar el revocatorio presidencial. Esto frustró el deseo de cambiar de gobierno del 80% de los venezolanos.

El parlamento venezolano nació al calor de la declaración de independencia del país en 1811 de la corona española y es el primer Congreso de América Latina en instalarse bajo la dirección del Libertador Simón Bolívar.

En un principio el Capitolio o Palacio Legislativo, un edificio neoclásico del siglo XIX, situado al lado de la céntrica Plaza Bolívar de Caracas, fue construido por el ingeniero Luciano Urdaneta en 1876. al año siguiente fue sede de los tres poderes de la nación: el Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial. Pero desde 1961 es de uso exclusivo del poder legislativo nacional.

Hasta 1999 el Congreso funcionó con dos cámaras: la del senado y la de los diputados. Pero el presidente de entonces Hugo Chávez decidió convocar una asamblea constituyente que produjo la nueva constitución bolivariana, hecha a su medida, y redujo el parlamento a una sola cámara de 167 diputados.

Antes de Chávez, las instituciones se regían bajo reglas democráticas y la separación de poderes. Pero el régimen de libertades y democracia del que disfrutaron los venezolanos por más de 50 años quedó para la historia después que el comandante asumiera el poder en 1999.

Durante sus primeros 16 años reinó la hegemonía chavista en la Asamblea Nacional hasta que perdió en las legislativas de diciembre de 2015. El voto popular castigó a Maduro por llevar a la más profunda crisis económica de desabastecimiento de alimentos y medicinas que el país haya conocido. El aumento de la pobreza y la miseria, la violencia y la criminalidad, son los signos más visibles de su fracasado modelo socialista Siglo XXI.

El año 2016 fue un año terrible y de oscuridad para Venezuela que cerró con una contracción económica de 18% y una inflación de 800%, según cifras extraoficiales del Banco Central divulgadas por la agencia Reuters. Pero para el parlamento fue un año de luz, de esperanza y combatividad para recuperar la democracia.

Maduro rompió el hilo constitucional a finales del año pasado pero el parlamento lo responsabilizó de la crisis provocada. Al iniciarse el 2017 la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Julio Borges decidió enjuiciar al mandatario y declarar su destitución por “abandono del cargo” por la devastación económica y social.

Venezuela está sumida en la destrucción. La oposición cuenta solo con el poder legislativo. Al declarar el desalojo de su cargo y llamar a elecciones presidenciales en 30 días, Maduro quedó como un presidente ilegítimo aunque su brazo jurídico el Supremo Tribunal no lo reconozca.

En respuesta el Supremo Tribunal decidió este lunes castigar a los 106 diputados que suscribieron el “abandono del cargo” de Maduro. En cualquier momento los tribunales pueden encarcelar a los diputados opositores y dictar el cierre “técnico” del parlamento.

No obstante la amenaza de disolución, la directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Julio Borges, rechazó el golpe de los tribunales y decidió continuar en su lucha por rescatar este año la democracia vía elecciones.