El Parlamento acusa de corrupción al expresidente de Petróleos de Venezuela

Rafael Ramírez, el super ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el autor de la frase «rojo, rojito» con la que se identifican a los chavistas, está siendo acusado de corrupción y desviación de fondos por una cantidad de 11.000 millones de dólares, que es apenas la punta del gigantesco ovillo del fraude –más de 300.000 millones de dólares- que ha comenzado a destaparse.

Ramírez es el actual embajador de Venezuela en las Naciones Unidas pero antes, del 2004 al 2014, fue el superministro que controló los sectores energético, petrolero, minería, vivienda, construcción, producción agroindustrial y alimentos.

Ramírez manejó casi toda la riqueza de Venezuela (el 90%) durante el mayor boom petrolero, cuando se pagaba a 100 dólares el barril.

Ahora, el país vive una crisis porque cayó a 40 dólares. Sobre sus hombros está la responsabilidad del destino de esos recursos, que se calcula que suman más de un billón de dólares ingresados en 17 años de chavismo.

Ramírez pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) protección frente a las investigaciones que tiene la Asamblea Nacional en su contra.

«El mayor caso de corrupción»

El presidente de la Comisión de Contraloría, el diputado Freddy Guevara, afirmó que el expediente de Pdvsa constituye el mayor caso de corrupción en la historia de Venezuela, por lo que solicitará a la plenaria del Parlamento la declaración de responsabilidad política a Ramírez, en virtud de su responsabilidad al frente de la estatal petrolera durante diez años.

«El día de hoy consignamos ante la plenaria de la Asamblea Nacional y ante la opinión pública venezolana el informe final de esta investigación, que involucra a la principal industria de nuestro país. La investigación que adelantamos determinó que un poco más de 11 mil millones dólares fueron desviados durante la gestión de Rafael Ramírez sin ningún tipo de justificación».

Investigación de la Comisión Controlatoría

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1648, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El informe contentivo de 105 páginas en las que se detallan todas las gestiones realizadas por la Comisión de Contralatoria en el curso de la investigación, explica que durante la gestión del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, entre los años 2004 y 2014, se generó un daño patrimonial a la República superior a los 11 mil millones de dólares (en concreto, USD$ 11.271.148.806,36).

El daño patrimonial está vinculado con el uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA; las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la Refinería de Amuay; las irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas de la Banca Privada D'Andorra; los perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de la estatal petrolera en el Banco Espirito Santo de Portugal; y por las irregularidades en la celebración de contratos con Pdvsa.

Guevara señaló que la investigación se nutrió principalmente de documentos internos de Pdvsa; documentos de la firma auditora de la estatal petrolera, KPMG; investigaciones penales adelantadas en otros países; e inclusive, documentos que se encontraban en los archivos de la Asamblea Nacional desde períodos legislativos anteriores.

«Si hoy Pdvsa no puede cumplir con la deuda es porque el dinero se lo robaron. No le tenemos miedo a Rafael Ramírez ni a ningún otro alto funcionario. Vamos a continuar firmes en nuestro propósito de determinar responsabilidades, ubicar los fondos desviados y recuperar ese dinero que tanta falta le hace al país para salir de la profunda crisis social y económica en la que nos sumieron unos corruptos de boina roja», enfatizó Guevara.

El informe de la Comisión de Contraloría también recomienda declarar la responsabilidad política al ciudadano Asdrúbal Chávez y el voto de censura al Ministro Eulogio Del Pino, por las irregularidades administrativas perpetradas en PDVSA, en perjuicio del Patrimonio Público Nacional, durante el ejercicio de sus cargos como funcionarios y miembros de la Junta Directiva de PDVSA en el año 2008, en virtud de los hechos consumados en el marco del Plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012.

De igual modo, se solicita declarar la responsabilidad política al ciudadano Javier Alvarado Ochoa, en función de las irregularidades administrativas cometidas en detrimento del Patrimonio de la República, durante el ejercicio de su cargo como Presidente de BARIVEN.

Finalmente, Guevara anunció que el informe será consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los fines de que sean elevadas a la plenaria las solicitudes de declaratoria de responsabilidad política y votos de censura respectivos.