Los países del Este se alían contra las multas por cada refugiado rechazado

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ya dijo que esperaba que sería una propuesta «controvertida» para varios países y no se equivocaba. Horas después de que en Bruselas el ejecutivo comunitario presentase su nueva propuesta para la gestión de la crisis de los refugiados, Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia ya han anunciado que se aliarán para combatir lo que han calificado como «un chantaje» y «una broma inaceptable». Como también dijo Timmermans, hay otros países que sí apoyan con entusiasmo a la Comisión, pero está claro que si esta propuesta se llega a aprobar alguna vez no será sin graves consecuencias políticas en el seno de la UE.

Timmermans y el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, presentaron este miércoles el nuevo (y van tres) paquete de medidas para intentar poner orden en el caos que supone la gestión de la ola de demandantes de asilo llegados desde Siria

. Lo hace por primera vez con cierto sosiego, gracias a que la entrada en vigor del acuerdo con Turquía del 18 de marzo ha reducido significativamente las llegadas de personas a las islas griegas.

Avramopoulos reiteró su promesa de que para finales de este año Schengen volverá estar plenamente en vigor (este miércoles se aprobó también una nueva prórroga de la autorización de determinados controles fronterizos). Pero no está claro que esta propuesta vaya a ser aprobada por el Consejo o el Parlamento en su formulación actual.

La Comisión propone ahora que los gobiernos que no quieran participar en este nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis, puedan optar por pagar 250.000 euros por cada uno de los refugiados que no acepten. Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana europea única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida y propone reformar el reglamento de Dublín –que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona– para incluir un complejo mecanismo de emergencia que calcularía cuándo un país está siendo desbordado por las peticiones de asilo.

Se propone reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.

Timmermans dijo que en la UE «la solidaridad no es un plato a la carta» y que «todo el que tenga derecho a la protección internacional debe recibirla en la UE porque es una obligación moral y una responsabilidad legal».

Grupo de Visegrado

De momento, los ministros de Exteriores de Hungría y Polonia ya han dicho que no están de acuerdo porque «no es una solución europea», como subrayó el titular de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, durante una cumbre del Grupo de Visegrado (integrado por Chequia, Hungría, Polonia y Eslovaquia). Su colega polaco Witold Waszczykowski se burló de la idea al comentar que «no sé si va en serio, pero me parece una broma del día de los inocentes». Hungría y Polonia ya han denunciado el mecanismo de cuotas obligatorias ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Lubomir Zaoralek, el ministro checo, dijo por su parte que la propuesta de la Comisión le había sorprendido porque «es algo que nos divide y no hay consenso sobre las cuotas de distribución obligatorias»,