Manifestantes protestan contra Temer tras la destitución de Dilma Rousseff EFE

El nuevo gobierno de Temer comienza acosado por las protestas, la impopularidad y la división

El abogado de Rousseff pidió ayer al Supremo la anulación de la votación

CORRESPONSAL EN SAO PAULO Actualizado: Guardar
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Brasil despertó ayer con una fuerte resaca un día después de la votación que destituyó a Dilma Rousseff y confirmó a Michel Temer como presidente. Ni ella ni él, sin embargo, ejercían la función en el Palacio del Planalto, donde el presidente de turno era el del Congreso, Rodrigo Maia, sustituto de Temer, mientras está en China para la reunión del G-20.

Mientras Temer está en la otra punta del mundo, se borraban los restos de una pintada en la puerta del Palacio en que se leía la palabra «golpista». Era el legado de las manifestaciones que tuvieron lugar durante la noche contra el nuevo Gobierno en Brasilia y otras capitales brasileñas, donde se registraron protestas violentas y cacerolazos contra el primer discurso oficial.

Con un Gobierno casi tan impopular como el de Rousseff, con un 13%, Temer debe corregir con urgencia los temas económicos que le costaron el cargo a su antecesora. Para la brasileña Claudia Calich, experta en mercados emergentes de la consultora internacional M&G, Temer tendrá que comenzar ya, antes incluso de las elecciones municipales de octubre, para iniciar reformas como la del sistema de seguridad social. «Existe un plazo muy reducido para aprobarlas», dice la especialista sobre los quince meses que le restan de gestión.

Elecciones en 2017

El escenario no será fácil ahora que el Partido de los Trabajadores (PT), apeado del poder después de 13 años vuelve a la oposición. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó a los grupos de izquierda a formar un Frente Amplio contra Temer, inspirado en el modelo uruguayo, que disputaría la elección del 2017 con un candidato único, que puede ser él o su exministro, Ciro Gomes. «Es una apuesta de Lula», declaró a «Folha de São Paulo», el diputado Orlando Silva, del Partido Comunista y exministro de Deportes de Lula.

Los abogados de Rousseff, por su parte, pidieron el ayer a la Corte Suprema, la anulación de la sesión que la destituyó, presentando un «mandato de seguridad» que cuestiona la constitucionalidad del juicio y pide otro.

En lo que se prevé una guerra legal, la votación que liberó a Rousseff para postular cargos públicos, ha dividido, del otro lado, la base política de Temer, formada por su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y los socialdemócratas del PSDB, indignados con esa decisión.

La división de la votación contra Rousseff en su juicio ha reforzado la polémica entre brasileños, muy divididos, sobre la legalidad del proceso. La votación que condenó a Rousseff por «crimen de responsabilidad» parece perder peso cuando se admite que ella pueda volver a administrar fondos públicos, al garantizarle los senadores los derechos políticos por 42 votos a 36, pese a la condena.

Los principales movimientos sociales, alineados al PT, complicarán aún más la situación al anunciar que no le darán tregua a Temer. «Las manifestaciones van a incendiar, la lucha se radicalizará», advirtió Alexandre Conceição, coordinador del Movimiento Sin Tierra (MST), uno de los más fuertes y organizados. Temer tendrá que ser más que un bombero en la economía para evitar que Brasil se vuelva un polvorín.

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