«En México el Estado administra la muerte y hace negocio con ella»

John Gibler (Texas, 1971) estaba de gira presentando sus libros en España cuando a su amigo Javier Valdez, periodista, le pusieron de rodillas en una calle de Culiacán y le descerrajaron doce tiros. No se engaña con la posibilidad de que a él le pueda suceder lo mismo: «Siempre me pregunto si será esta entrevista por la que me matarán, o por la que concedí hace dos días». Afincado en México D.F desde 2006, ha dejado constancia en sus escritos del reguero de violencia y corrupción impune que se apoderan de una sociedad bajo la férula del narco, o del Estado, que en México son lo mismo. En España se pueden encontrar con facilidad Morir en México: terror de Estado y mercados de la muerte en la guerra contra el narco

(La Oveja Roja, 2017) y Fue el Estado. Los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa (Pepitas de Calabaza, 2016), que su edición latinoamericana tiene un título mucho más elocuente: una historia oral de la infamia.

Allí se recogen, en bruto, los testimonios de supervivientes y testigos de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala. Tras meses de escucha y más de treinta personas entrevistadas, los hechos hablan por sí solos y desmontan la versión oficial del crimen. Lo que se puede entresacar de las historias recabadas por Gibler es la evidencia innegable de la participación del Estado mexicano en unos ataques de extrema crueldad: a Julio César Mondragón, el Chilango, le encontraron desollado y con las cuencas de los ojos vacías.

Recientemente se publicaron unos datos que revelaban que México es el segundo país más violento del mundo, solo por detrás de Siria. En 2016 se registraron 23.000 muertes violentas, ¿es México un país en estado de guerra?

Sí, efectivamente, México vive una guerra, pero una guerra muy particular y muy difícil de interpretar y muy poco entendida.

¿Qué tipo de guerra?

Una guerra que es un negocio. La guerra no es para vencer al enemigo, no es para conquistar un país, no es para imponer una ideología política, no es una guerra de ideas. La guerra es simultáneamente un negocio y una forma de disfrazar la violencia de Estado y la represión.

En los rankings internacionales sobre calidad del Estado de Derecho, México aparece siempre en los últimos puestos, especialmente en corrupción, en justicia criminal y en orden y seguridad. Hay datos que dicen que en México quedan impunes más del 90% de los delitos, ¿existe un Estado de Derecho en México?

El Estado administra la muerte, hace negocio con la muerte. No es que el 90% de los delitos queden impunes, es que el 98,5% de los homicidios ni siquiera se investigan. Es una impunidad creada a propósito, una impunidad construida, elaborada. No es un accidente, no es un fracaso, no es una muestra de incompetencia o ineptitud: es una impunidad muy bien hecha. El mito es pensar que en México no hay Estado, o pensar que en México el Estado ha fracasado o que el Estado es débil. En México hay Estado, un Estado fuerte y muy exitoso, un Estado que produce la muerte, que negocia con ella. ¿Cómo si no vamos a poder entender esas cifras? Donde militarizan es donde se mata a la gente, donde llega la policía es donde encuentran los cuerpos después. Es una impunidad que se construye. El escritor Francisco Goldman, autor del libro El arte del asesinato político, publicado por Anagrama, dijo «la impunidad es la libertad de expresión de los asesinos». Eso a mí me ayuda a entender mejor la impunidad no como algo que nos muestra un fracaso, sino un éxito. Entonces, en México hay un Estado que administra la violencia, que hace negocio con la violencia.

A lo mejor también es un Estado que nos obliga a reflexionar sobre la imagen que tenemos en otros países del Estado de Derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, donde yo nací, el gobierno se anuncia ante el mundo como un país ejemplar por su Estado de Derecho, pero qué fácil olvidamos que, basándose en una mentira, un presidente estadounidense, George Bush, lanzó una guerra contra otro país, Irak, en 2003, que mató a más de 200.000 personas y desató una serie de desastres en todo el mundo que siguen matando a día de hoy. ¿Quién está en la cárcel por esa mentira? ¡Cómo nos acostumbramos a la pinche impunidad! Ya no es noticia que el gobierno de EE.UU mintió y con esa mentira mató a una cantidad impensable de personas. Y eso ya se normalizó, se perdonó, nadie pregunta si hay Estado de Derecho en Estados Unidos. Estados Unidos miente y hace negocio con la guerra en otros países. También lo hace en su propio país, justamente con la misma lógica de la guerra contra las drogas disfraza la violencia y la opresión racial y racista. Lo esconde como un asunto de salud pública, y México nos copia. Estados Unidos es el principal ideólogo de esa maquinaria de guerra como empresa.

Se suele distinguir entre narco y Estado pero, ¿realmente hay diferencias entre uno y otro?, ¿cómo son las relaciones entre las organizaciones criminales y el Estado?

Creo que los estudios históricos que se han hecho en las últimas décadas revelan la manera en la que el Estado mexicano siempre ha administrado el negocio de las drogas ilícitas. En los últimos años, en el contexto de una supuesta guerra contra el narcotráfico, la administración siempre controlaba el negocio, y se llegó a lo que yo creo que es una fusión, más estrecha y más profunda, entre las fuerzas del Estado y las empresas ilegales de la droga. Una fusión que no solamente se concentra en la relación entre el Estado y la siembra, traslado y venta de narcóticos, sino que se ha extendido a toda forma de crimen organizado: secuestro, extorsión, trata, tráfico de personas….Todo eso ha crecido de una forma brutal en estos últimos años. Según las familias que están buscando a sus hijos migrantes, unos 60.000, centroamericanos, han desaparecido en los últimos años. Eso ya es una industria.

¿Pasa la solución del problema por la legalización de las drogas?

Creo que terminar con la prohibición ridícula y absurda de las drogas nos ayudará a acabar con los problemas que la misma prohibición ha generado. Luego tendríamos que meternos con los problemas de una estructura económica injusta: el tabaco es legal, el jitomate es legal, el pepino es legal…pero en los campos de jitomate, en el estado de Sinaloa, trabajan niños indígenas semiesclavizados del estado de Guerrero; en los campos de tabaco en Carolina del Norte trabajan migrantes indocumentados legalmente explotables; en la siembra del pepino, en el estado de California, trabajan migrantes sin papeles hasta 60 horas a la semana sin prestaciones ni seguro. Toda la estructura de la economía capitalista es de por sí violenta, pero la violencia que se genera en los mercados ilegales es una cosa ya…nefasta, aunque toda la violencia es nefasta…desbordada, aunque toda la violencia es desbordada. La legalización podría ser un paso para reducir la cantidad de personas asesinadas, decapitadas, colgadas de puentes y toda esa teatralidad del asesinato, pero todavía estaríamos en un mundo en el que un empresario como Carlos Slim controla la siembra de amapola y marihuana en el país. Todavía tendríamos que hacer mucho trabajo para conseguir una situación laboral y económica justa.

En Europa no existe ninguna institución que se parezca a las escuelas normalistas, y resulta difícil de entender desde aquí esa fusión entre formación y activismo político, ¿qué representan las escuelas normalistas en la vida política, social y cultural mexicana?, ¿cuál es su papel en los conflictos sociales mexicanos y por qué esa inquina del Estado contra ellas?

Hay escuelas normales, que son escuelas superiores para formar maestros, y escuelas normales rurales, que también es una escuela superior pero para formar maestros destinados al mundo rural. Comparten muchas cosas, pero muchas otras son distintas. En todas las normales, tanto en las ciudades como en el campo, se ha formado una cultura de lucha estudiantil, pero en las escuelas normales rurales ese contexto de lucha se ha desarrollado de una forma muy particular y muy intensa. En todas las normales rurales del país los estudiantes pertenecen a una organización política que se llama la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM, y esa organización por décadas se ha caracterizado por hacer frente al Estado, y por décadas se ha cultivado una relación de antagonismo entre un Estado represivo y un mundo estudiantil organizado y con una orientación política socialista que lucha constantemente para proteger las escuelas normales que el gobierno ha querido cerrar por muchos años. Por otro lado, su lucha se extiende mucho más allá y participa en luchas políticas más amplias del mundo campesino, el mundo indígena…

Son escuelas muy particulares de México, aunque también hay normales en otros países sudamericanos, y han sido puntos clave para las luchas sociales y, por ende, han sido blanco de diferentes estrategias de represión: desde cortarles el presupuesto para tenerles económicamente marginados, obligados a organizarse para exigir ante el Estado más presupuesto. Yo lo veo como una cuestión de sometimiento económico, pero también se han dado casos de represión violenta, física. En el año 2011, el 12 de diciembre, en una manifestación reclamando el aumento del presupuesto, unos policías dispararon a los estudiantes y asesinaron a dos y, claro, los hechos terribles de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

En su libro sobre Ayotzinapa se percibe en los testimonios que recoge que lo normal entre los mexicanos es no confiar en el Estado, no sentirse protegido por él e incluso sentir miedo, ¿está justificado ese sentimiento?

Pues mira lo que pasó esa noche del 26 de septiembre, y previamente: la masacre de Aguas Blancas fueron policías, la masacre de Acteal fueron paramilitares protegidos por policías y militares, quienes mataron a dos estudiantes en 2011 fueron policías… Terriblemente, esa es la experiencia vivida por la gente de esos pueblos con el Estado: represión, difamación, desprecio, violencia, asesinato...Esa noche queda revelado que no son unos cuantos policías, y es necesario enfatizarlo porque es algo que el gobierno federal intenta siempre dejar de lado. No fueron unos cuantos policías de la ciudad de Iguala, no, fueron policías uniformados de Iguala, Huitzuco y Cocula, policías ministeriales y uniformados del estado de Guerrero, elementos uniformados de Protección Civil del estado de Guerrero, policías uniformados federales de caminos…Todos colaborando en unos ataques que duraron nueve horas en un espacio de más de 60 kilómetros cuadrados, porque también atacaron el equipo de fútbol, tuvieron retenes en un lugar que se llama Mescala y en toda la ciudad de Iguala. Además, el ejército mexicano estaba a 1,6 kilómetros de donde suceden los ataques y, curiosamente, no sale hasta que ya los han matado y desaparecido. A la una de la mañana sale el ejército para sacar a unos estudiantes de una clínica privada y, qué curioso, estaban ahí esperando en la sombra cuando llega la prensa de Chilpancingo, que es la prensa que tiene todos los contratos con las agencias internacionales. Entonces, para las fotos que volaron por el mundo al día siguiente, ahí salían los soldados enmascarados posando en la sombra. Para mí, la ausencia de los soldados en la calle cuando están atacando, disparando no es una ausencia inocente, es una ausencia, por lo menos, fuertemente cuestionable.

Se sabe lo que sucede en México con los periodistas que investigan lo que no deberían investigar. En lo que llevamos de 2017, seis periodistas han sido asesinados, el último la semana pasada. Pero está la otra cara, la de la prensa sumisa o directamente vendida a los intereses del poder, ¿cómo funciona la corrupción de la prensa en México y qué implica para la sociedad?

Hay muchas maneras de comprar a un periodista, y una de las más comunes en México es totalmente legal, y es que el Estado mexicano se anuncia a sí mismo. El Estado, y todas las instituciones del Estado, tienen presupuesto para pagar publicidad en los medios. Es más, tiene la obligación por ley de gastar ese dinero en propaganda para sí mismos. Tú prendes la radio en México y escuchas «Congreso de la Unión, trabajando para ti» y «Presidencia, haciendo esto». Es propaganda como si fuera una empresa, como si tuvieras que ir a comprar un producto. El Estado tiene tan baja la percepción de legitimidad que se tiene que anunciar a sí mismo. Por otro lado es una manera muy astuta, muy bien construida, para comprar periodistas, porque es legal, se hace a la luz pública y es un deber gastarse ese dinero. Pagando publicidad, cada seis meses, un gobernador, un alcalde, diputado, presidente…tiene que gastar su presupuesto. No es que llamen y digan «yo quiero tal anuncio», no, firman convenios con medios para sacar cierta cantidad de publicidad en cierto plazo de tiempo. Es la forma de decir «yo te voy a publicar tanto, pero tú me vas a poner en la portada la foto del presidente tres veces a la semana». Me da igual lo que ponga tu artículo, tu artículo puede decir «quemaron 49 niños en Hermosilla, Sonora», pero la portada va a ser la foto del presidente sonriendo. Es una manera muy sofisticada de colocarle la mordaza a los medios.

También hay reporteros a los que en México llaman chayoteros. El chayote o el chayo es el pago de corrupción a un reportero. Claro que eso existe también, pero yo creo que el impacto más fuerte es la presión que se ejerce a través de la publicidad pagada. Lo que son los medios grandes en México (Televisa, Tele Azteca, muchos de los periódicos) de por sí son de la misma clase empresarial, política. Son sus aliados, no los tienen que comprar ni convencer. Cuando duele más es cuando hay medios que nacen como medios críticos y tras los años ves como empiezan a publicar más y más propaganda por ejemplo del gobernador de Veracruz, cuando Veracruz, en los últimos seis años, se convirtió en el estado en el que más periodistas se han matado. Tú ves que ese periódico nunca publica ninguna investigación, ningún reportaje a fondo sobre por qué matan a esos reporteros. No publican ninguna investigación pero sí publican mucha propaganda de ese gobernador, Javier Duarte.

¿No se publica por miedo, porque ellos mismos se autocensuran, o por coacciones?

Eso también pasa. Claro que hay reporteros que se autocensuran y hay diferentes niveles de autocensura. Hay una autocensura que no es realmente censura, lo que Javier Valdez mismo llamaba administrar la información. Tienes mucha información y tú bien sabes que cierta información es demasiado peligrosa, que no la puedes sacar, porque hay un nivel de protección, entonces la vas administrando: qué puedes sacar, cuándo, en qué contexto…Y no es porque estés vendido, o porque te rindas ante el miedo, sino porque te estás cuidando.

En el caso concreto de la matanza de Ayotzinapa, ¿cuál fue la versión que quiso vender el Estado para quedar impune y cómo le dio repercusión la prensa oficial?

Muchos medios grandes jugaron totalmente el papel de vender la versión oficial. En el caso de algunos periódicos como Milenio, El Universal o Reforma se ve muy claramente en la manera en que sus editores y columnistas empezaban a sacar notas de difamación en contra de los cinco expertos que formaban el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que fue el grupo que más profunda y exhaustivamente desmanteló la versión oficial a base de una investigación rigurosa y profunda y que hasta el día de hoy no ha sido cuestionada con datos. Y como no lo pudieron cuestionar con datos lo que hacían era filtrar mentiras, difamaciones sobre las personas. Medios como La Razón publicaban cuánto dinero ganaban, cuánto presupuesto tenían, para deslegitimarlos y decir «estos están aquí para hacer negocio». Fue algo muy sucio.

El GIEI hizo un trabajo muy serio. Yo he leído los informes, fui a todas las ruedas de prensa, a las presentaciones…Un trabajo realmente exhaustivo y profundo y que fue abrazado por las mismas familias y respaldado por muchos medios internacionales y también mexicanos, sobre todo páginas de Internet. Se veían las dos cosas: medios que compraron totalmente la versión del Estado y medios que sí criticaban.

En su libro sobre Ayotzinapa recoge el testimonio de un médico que no solo justifica haberse negado a ayudar a uno de los estudiantes heridos de bala aquel 26 de septiembre, si no que defiende que se mate y se torture a los que él despectivamente llama «ayotzinapos», ¿hasta qué punto está extendida esta actitud en la sociedad mexicana?

Claro, pero también pasa lo contrario, en el libro se ve. Hay policías y médicos que los desprecian totalmente. Pero también hay enfermeras, maestros, vecinos de la ciudad que los ayudan. Existen las dos cosas. Está la historia de uno de los normalistas que cuenta cuando el pueblo de Tixtla se inundó y fueron los estudiantes los que de forma voluntaria fueron a ayudar a la gente a sacar las cosas de sus casas. En el pueblo de Tixtla hay un apoyo muy fuerte a los estudiantes, porque ellos vieron que eran chavos sencillos y con un espíritu muy bondadoso, de apoyo, que llegan a ayudar a la gente del pueblo sin que les paguen cuando el Estado no lo hizo. Pero claro, por un lado está la relación de tensión de clase. Para mí no es extraño que las personas que más insultan a los estudiantes esa noche, además de los policías, son directores de hospitales, gente de clase media-alta.

Después del asesinato de los dos estudiantes en diciembre de 2011, el entonces gobernador Ángel Aguirre sí que llevo a cabo una campaña en los medios de comunicación de desprestigio, de decir que los chavos son violentos, vándalos, que tiene un búnker en la escuela donde ni el gobierno puede entrar, que, como él dijo en una entrevista, «están bajo la mala influencia de los trasnochados guerrilleros de los 70»... Esa campaña de información sí que produjo un impacto en las clases medias y medias-altas, que empezaron a verlos de esa manera, pero no convenció a todos, y se ve muy claramente en esa noche, cuando se ven las dos cosas.

Te cuento una anécdota. En noviembre de 2014, cuando el gobierno federal anunció por primera vez su versión oficial de los hechos de que los estudiantes fueron detenidos por confusión, entregados a los narcos por los policías y estos los mataron y los incineraron al aire libre, bajo la lluvia, en un basurero donde luego no se encontraron pruebas físicas de ese fuego. El primer día que anunciaron eso, el gobierno federal no convocó una reunión con las familias para darles la información, sino que lo anunciaron en una conferencia de prensa, esos papás tuvieron que ver en la tele que sus hijos fueron incinerados en un basurero. Ese día se hizo una manifestación en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, y rompieron vidrios y quemaron la fachada del Congreso del Estado. Yo estaba ahí tomando apuntes, haciendo fotos, y una mujer, muy bien vestida, me vio y me dijo «¿eres periodista?», y yo dije que sí. Entonces, temblando de rabia, desconcertadísima, me dijo «eso que están haciendo no está bien, daña la economía, es violencia. Yo entiendo que es un dolor muy grande, si mi hijo fuera desaparecido yo haría cualquier cosa para encontrarlo», y se quedó callada. Ella misma se dio cuenta de lo que había dicho y no pudo hacer otra cosa. Temblando, se dio la vuelta y se fue, y yo no dije ni una palabra. Eso me marcó mucho, porque la mujer estaba muy indignada al ver que se estaba quemando el Congreso, pero por otro lado, como madre, ella misma contestó su disgusto, ella misma dijo «si fuera mi hijo, yo haría cualquier cosa por encontrarlo».

¿Siguen los 43 desaparecidos de Ayotzinapa presentes en la vida pública mexicana o ya han pasado a ser unos muertos más en un país que cada año levanta 23.000 cadáveres?, ¿está la sociedad mexicana insensibilizada ante la violencia?

Sigue muy fuerte en muchos ámbitos de la sociedad: en la lucha, la academia, los medios de comunicación, el mundo artístico…sigue estando muy presente. Ese es uno de los grandes secretos de la sociedad y de los periodistas que queremos reportear sobre estos hechos: ¿cómo no caemos en la normalización de esta violencia?, ¿cómo hacer para sensibilizar a través de nuestro trabajo? Y que no haga lo contrario, que no nos acostumbremos y digamos «son unos muertos más».

La lógica de que «son unos muertos más» es la versión oficial, en la que la persona asesinada mereció lo que le hicieron, en algo andaba. «Si terminas ahí, quién sabe en qué andabas». Está la cita muy terrible del general del ejército mexicano que fue el encargado de seguridad en el estado de Chihuahua en el 2008, el general Loesa, que dijo «no deben de ver el cuerpo tirado ahí pensando que es un muerto más, sino pensando que es un criminal menos». En un contexto en el que el 98,5% de los asesinatos ni siquiera de investigan, ese es el discurso del Estado. Para mí, nuestro trabajo como periodistas es no caer en esa trampa, investigar, mantenernos nosotros sensibles para poder mantener sensibles a los que nos leen.