Internacional

Mary Jane Veloso: La condena por drogas que sacude Indonesia y Filipinas

Oleada de desmentidos sobre la presunta «luz verde» para la ejecución de la joven, víctima de las mafias del narcotráfico

El 25 de abril de 2010, la joven filipina Mary Jane Veloso, entonces de 25 años, era detenida en el aeropuerto Yogyakarta de la capital de Indonesia, Yakarta. En su maleta se encontraron 2,6 kilogramos de heroína.

Desde el comienzo, su juicio se convirtió en debate nacional en Filipinas: Menor de cinco hermanos en una familia de recursos mínimos, Veloso era una trabajadora doméstica con dos hijos a su cargo y fácil objetivo para las mafias dedicadas al narcotráfrico. Apenas unos meses antes de su arresto, la joven se había visto obligada a abandonar un trabajo en Emiratos Árabes, después de que su patrón intentara, presuntamente, abusar de ella. Ya de regreso a Filipinas, según su testimonio, acabaría ejerciendo de mula involuntaria hacia Indonesia engañada con la promesa de un trabajo en Malasia.

En octubre de 2010, Veloso era condenada a muerte. Aunque diversas moratorias han aplazado la aplicación de la pena.

Este lunes, sin embargo, el caso daba un nuevo vuelco. Según el propio Gobierno de Indonesia, el presidente Joko Widodo recibió «luz verde» a la ejecución durante un reciente encuentro con su homólogo filipino, Rodrigo Duterte.

«El presidente Duterte dijo: “Procede si quieres ejecutar”», reconoció el mandatario indonesio.

La noticia generó una tormenta en territorio filipino. Horas después, el propio portavoz de Duterte, Ernesto Abella, se veía obligado a desmentir al Gobierno de Yakarta: «No hubo respaldo (a la aplicación de la pena)», aseveró Abella. «(Duterte) simplemente dijo: Siga sus propias leyes, no voy a interferir».

Contactado por ABC, Edre U. Olalia, secretario general de grupo de abogados que asesora a la familia Veloso, se remitía a un comunicado donde aseguraba «aferrarse a la línea oficial de que Mary Jane ha sido condenada y permanece en espera de ejecución, de conformidad con las propias leyes de Indonesia; (así como) su ejecución se encuentra pospuesta de forma indefinida a la espera del resultado de los casos en las Filipinas contra sus presuntos reclutadores y traficantes».

Por su parte, Leah Ordóñez, hermana mayor de Veloso, reconocía a este diario estar a la espera de noticias y declinó realizar comentarios.

Alabanzas a la política antidroga

El huracán diplomático entre Indonesia y Filipinas se produce solo días después de las loas depositadas por el jefe de antinarcóticos de Indonesia, Budi Waseso, a la sangrienta guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno de Filipinas (que en apenas dos meses se ha cobrado la vida de más de 2.400 personas).

«La vida de un distribuidor (de droga) no tiene sentido porque lleva a cabo un asesinato en masa», destacó en rueda de prensa Waseso. Inquirido entonces si Indonesia debía ser tan agresiva como Filipinas, respondió: «Sí, así lo creo».

El propio presidente filipino, Rodrigo Duterte, había protagonizado unas declaraciones similares hace tan solo unos días donde «deshumanizaba» a los consumidores y traficantes.

«¿Crímenes contra la humanidad? En primer lugar, me gustaría ser sincero con ustedes: ¿Son seres humanos? ¿Cuál es su definición de ser humano?», aseguró el mandatario durante una visita a un campamento militar, de acuerdo a las transcripciones de su discurso. «No se puede hacer una guerra sin matar», recordaba.

Desde su llegada al poder en 2014, el presidente indonesio, Jokowi «Joko» Widodo, se ha mostrado intransigente con el narcotráfico. Según el Ejecutivo, cada día pierden la vida medio centenar de indonesios, en su mayoría jóvenes, por consumo de drogas. Y el Estado asegura que Indonesia cuenta con 4,2 millones de drogadictos.

Un reciente artículo en la revista médica británica The Lancet, no obstante, mostraba serias dudas sobre la validez de estas estimaciones: los detalles de estos estudios no son accesibles al público, así como los métodos de recogida de datos parecen ser inadecuados.

Pena de muerte contra el narcotráfico

En su última aparición en la Corte penal del distrito de Tangerang, apenas 25 kilómetros de la capital de Indonesia, Yakarta, y entre lagrimas, Michael Titus Igweh denunciaba el presunto calvario al que fue sometido durante su detención: «Era constantemente golpeado y electrocutaron mis genitales hasta que no podía moverme (…) Me amenazaron con dispararme».

En 2003, Igweh había sido condenado a la pena capital por posesión de 5,8 kilogramos de heroína. A finales de julio, junto con otros dos ciudadanos nigerianos –Seck Osmane y Humphrey Jefferson-, así como un indonesio -Freddy Budiman-, este comerciante era ejecutado.

Las muertes bajo el pelotón de fusilamiento de estos cuatro convictos se convirtieron en las primeras desde abril del pasado año, cuando las autoridades acabaron con la vida de ocho reos condenados por tráfico de drogas, incluidos dos australianos: Myuran Sukumaran y Andrew Chan.

«Todo se centra en que las ejecuciones de los traficantes de droga solventarán el problema. Y eso es ridículo», destacaba entonces a ABC el cura irlandés Charlie Burrows, máxima voz crítica contra este particular ajusticiamiento y consejero espiritual en el corredor de la muerte.

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