La ONU acusa al Gobierno sirio del uso sistemático de armas químicas contra civiles

Cinco meses después del bombardeo de Jan Sheijun, Naciones Unidas publicó un informe en el que echa por tierra la versión oficial de Rusia y culpa directamente al Gobierno sirio de emplear armas químicas contra la población civil de esta localidad de Idlib, provincia bajo el control del Frente Fatah Al Sham, brazo de Al Qaida en Siria. Ochenta y tres personas murieron , entre ellas 28 niños y 23 mujeres, y otras 293 personas, incluidos 103 menores, resultaron heridas aquella mañana tras un ataque aéreo en el que se usó gas sarín, tal y como ya confirmó en una investigación previa la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Este organismo fue quien corroboró el uso de armas prohibidas en este ataque, pero no pudo señalar al culpable de utilizarlas.

Jan Sheijun –que provocó la respuesta de Donald Trump con el primer ataque directo de EE.UU. al Ejército sirio– no sería un caso aislado ya que, según la ONU, su equipo de investigación ha logrado documentar 33 ataques con armas químicas desde el inicio de la guerra en Siria en 2011. De ellos, el organismo internacional atribuye 27 a las fuerzas del régimen sirio, mientras que en seis casos no ha sido capaz hasta el momento de identificar a los autores. Estas cifras llevan a la ONU a concluir que «las fuerzas gubernamentales han mantenido el patrón de uso de armas químicas contra civiles en las zonas controladas por la oposición».

Rusia no negó la exposición de muertos y heridos al gas sarín y tampoco el bombardeo aéreo, pero aseguró que se trató de un ataque contra un depósito de armas prohibidas de los grupos armados opositores y que su explosión fue la que originó el desastre. Una versión que la ONU no comparte porque en la zona se encontraron restos de la bomba empleada y se trata de un artefacto «de gas sarín producido por la antigua Unión Soviética en la clase de bombas de 250 kilogramos, que tendría aproximadamente 40 kilogramos de sarín» y otros agentes nerviosos. El empleo de este tipo de proyectiles es un «crimen de guerra», según recogió el organismo internacional en el decimocuarto informe que publica la Comisión de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 y que nunca ha obtenido autorización de Damasco para visitar Siria.

Además del «ataque más grave con armas químicas» que la ONU ha podido documentar hasta ahora, el informe de la Comisión también denuncia la «violación del derecho internacional» por parte de la coalición que lidera Estados Unidos a la que acusa de bombardeos como el que costó la vida en marzo a 38 civiles, incluidos varios niños, en Al Jina. Esta es una localidad del cinturón rural de Alepo en la que, según los estadounidenses, llevaron a cabo una operación aérea contra una reunión de dirigentes de Al Qaida que tuvo lugar en una mezquita. Según la investigación del organismo internacional, «las fuerzas de EE.UU. fallaron a la tomar todas las precauciones para proteger a los civiles».

Este es el primer informe publicado por la Comisión desde que la fiscal especializada en crímenes de guerra, Carla del Ponte, decidiera en agosto dejar su cargo al frente de la misma. En su despedida, Del Ponte lamentó que «mientras el Consejo de Seguridad no haga nada yo no tengo poder», en alusión directa a la inefectividad de este organismo que recibe informe tras informe, pero es incapaz de acordar medidas concretas para poner fin a los crímenes que se cometen en Siria.