Incentivos económicos frente al terrorismo islamista

Cerca de 5.700 euros por deponer las armas. De ser veraz, el negocio parece redondo.

La pasada semana, el Gobierno de Bangladesh hacía pública las dos primeras rendiciones bajo un programa que ofrece incentivos económicos a aquellos milicianos islamistas que renuncien al radicalismo. Circunstancia real o maniobra de relaciones públicas de las autoridades ( según familiares de los detenidos, su entrega se había producido el pasado 15 de julio), los dos pioneros, identificados como Abdul Hakim y Mahmudul Hasan Bijoy, aseguraban formar parte de una nueva facción del grupo armado Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB). Con su entrega, cada uno recibiría cerca de 500.000 taka (o unos 5.700 euros al cambio).

A pesar de esta campaña de dinero por armas, la organización Human Rights Watch denunciaba recientemente la práctica de las fuerzas de seguridad en Bangladesh del «kneecapping», o disparar deliberadamente a miembros y simpatizantes de los partidos de oposición en rodillas u otras partes de las piernas.

Este método de tortura, que fue popularizada en el pasado por el Ejército Republicano Irlandés o IRA, se remonta en Bangladesh de manera reciente a las protestas callejeras de principios de 2013, tras la sentencia a muerte de Delwar Hossain Sayedee por crímenes de guerra durante el conflicto de independencia de 1971.

«La primera ministra Sheikh Hasina ha asegurado que ella tiene “tolerancia cero” frente a las ejecuciones extrajudiciales o la violencia, pero el hecho de que estos abusos han empeorado desde que llegó al poder en 2009 hace que parezca que su Gobierno tiene una tolerancia infinita para la violencia sancionada por el Estado», aseguraba Brad Adams, director para Asia de HRW.

Ya el pasado mes de junio, y en tan solo una semana, las fuerzas armadas habían arrestado a más de 11.000 personas, en el intento de sofocar una serie de asesinatos contra activistas seculares y miembros de las minorías religiosas. De forma paralela a los arrestos (criticados por su arbitrariedad), el Ejecutivo hacía pública la muerte de varios presuntos terroristas, como la de «Sharif» o «Hadi», miembro de la organización radical Ansarullah Bangla Team y principal acusado por el asesinato del bloguero Avijit Roy en febrero de 2015.

Casos en otros países

A pesar de las diferentes circunstancias socio-políticas, la campaña de dinero por armas ya ha sido utilizada en el pasado contra grupos rebeldes. Aunque no siempre con los resultados esperados. Por ejemplo, a mediados de 2009, Nigeria acordaba con el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), una amnistía en la que se garantizaba servicios asistenciales a cerca de 10.000 militantes, a cambio de que éstos depusieran las armas. Sin embargo, y a pesar de los comienzos esperanzadores, buena parte parte de los excombatientes lamentaría a los pocos meses que las promesas no se hubieran convertido en realidades. Ya a finales de marzo de 2013, Henry Okah, antiguo cabecilla del MEND, era condenado a 24 años de cárcel por un Tribunal sudafricano. Solo días después, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad en el estado de Bayelsa, al sur de Nigeria, sufrían una emboscada.

No es el único caso. En Somalia, en 2012, Mohamed Adam Tiicey, por entonces presidente de la región semiautónoma de Himan y Heeb, considerado uno de los centros históricos de la piratería, iniciaba iniciaba uno de los proyectos más ambiciosos de todas las aguas del Índico: la rehabilitación de bucaneros en pescadores y su integración en las fuerzas armadas.

Para su cruzada, el mandatario contó con la colaboración de Mohamed Abdi Hassan «Afweyne», creador del negocio pirata moderno y fundador de los Somali Pirates, la principal milicia regional.

«Empezó de forma sencilla, les advertimos que la represión iba a ser brutal si no se rendían. Simplemente garantizamos que habría un diálogo con el Gobierno federal y que no iban a ser perseguidos de forma legal. Nos servimos de sus líderes», aseguraba en 2013 a ABC este político.

Aunque su misión se tornó desastrosa. Solo meses después de estas palabras, Tiicey y «Afweyne» fueron detenidos. Las dudas sobre qué ocurrió con el dinero de los secuestros (entre 315 y 385 millones de dólares recibidos por los líderes de este negocio, según el Banco Mundial) aún continúan.