Crímenes nazis: ¿Por qué la Justicia ha sido tan lenta?

La Justicia alemana, que hoy ha anunciado su veredicto contra un antiguo guardia de Auschwitz, más de 70 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, concentra las críticas por su tratamiento de los crímenes nazis, acusada de haber condenado muy poco, muy débilmente y muy tarde.

Según el historiador alemán Andreas Sander, unas 6.656 personas han sido condenadas desde 1945 por los aliados occidentales, más tarde por la RFA y posteriormente la Alemania unificada. Pero la mayoría lo han sido por denuncias o persecuciones, contra el 7% por «asesinatos en masa» como el genocidio de los judíos. Solo el 9% de las penas han pasado de los 5 años de prisión, con 166 condenas perpetuas.

La ex-RDA se ha mostrado mucho más radical, con 12.890 condenados entre 1945 y 1989 y penas más contundentes, según el jurista holandés Christiaan Rüter.

Aunque su balance judicial es «delicado de analizar», advierte Daniel Bonnard, de la universidad de Marbourg. Resulta difícil distinguir entre procesos contra antiguos nazis y juicios políticos, ya que durante la Guerra Fría se utilizaron presuntos vínculos fascistas para enviar a la cárcel a los críticos.

En los primeros años tras la derrota de la Alemania nazi, había una reticencia general a perseguir a exnazis, muchos de los cuales permanecieron en cargos administrativos y judiciales clave. Un castigo colectivo a todos los exnazis habría llevado a condenar a medio país. Daniel Bonnard explica que «decisiones políticas tomadas en 1949», durante la fundación de la República Federal de Alemania, contribuyeron a esa amnesia.

Ansiosos por olvidar y reconstruir un país en ruinas, muchos alemanes del Oeste siguieron negando los crímenes del pasado y rechazaron los juicios de Nuremberg al ser percibidos como «la justicia del vencedor».

La joven RFA rechazó integrar en su código legal la noción de «crímenes contra la humanidad» que permitía tener en cuenta la dimensión colectiva del Holocausto. Lo hizo en 2002, más de medio siglo después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin efectos retroactivos.

«Con el derecho penal común, los jueces tenían las manos atadas», resume Andrej Umansky, experto en derecho penal de la Universidad de Colonia. La ley solo prescribía cadena perpetua por «homicidio agravado» y los tribunales, que «tenían ante ellos a acusados ya ancianos y bien integrados» en la sociedad, fueron ampliamente favorables a los argumentos de los acusados de que habían actuado en el marco «de un Estado dictatorial», recuerda Umansky.

Durante décadas, los tribunales exigían pruebas de que el acusado había participado directamente en un crimen. Hubo que esperar a la condena en 2011 de John Demjanjuk, un antiguo guardia de Sobidor, y un año después la de Oskar Gröning, excontable de Auschwitz, para superar esta prueba.

Por otra parte, la Justicia reservaba las condenas más contundentes a quienes habían asesinado por propia iniciativa o con particular crueldad. Los demás eran tratados como «cómplices», ejecutores «carentes de voluntad propia», revela Daniel Bonnard.

La creación en 1958 de la Oficina para la investigación de crímenes del nazismo permitió acelerar los procesos. Pero habían pasado ya muchos años desde la guerra y los recuerdos de los testigos se diluían, debilitando la acusación.

Además, en 1968 tres líneas se deslizaron en una ley forjada por Eduard Dreher, un jurista con pasado nazi que dieron lugar a la discreta prescripción de un buen número de procesos de complicidad por asesinato. Los miembros de la Oficina central de la seguridad del Reich (RSHA), encargada de organizar la deportación de judíos, se libraron también «pese a una importante investigación», cuenta Andrej Umansky.

Este episodio, que pasó inadvertido, resurgió en 2012 con la novela « El caso Collini», del abogado Ferdinand Von Schirach, que provocó una tormenta mediática. El mismo año se creó una comisión independiente para investigar el pasado nazi en el Ministerio de Justicia.