Un detenido entre dos militares estadounidenses, en Guantánamo en 2010
Un detenido entre dos militares estadounidenses, en Guantánamo en 2010 - AFP

El Congreso estrecha el margen de Obama para cerrar Guantánamo

El apoyo demócrata a la ley que impide trasladar presos a EE.UU. limita un posible veto

Corresponsal en Washington Actualizado: Guardar
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El cierre de la prisión de Guantánamo se vislumbra como el próximo encontronazo entre el presidente Obama y la mayoría republicana en el Congreso. Mientras el Senado ratificaba este martes la ley que prohíbe trasladar prisioneros de la base a los Estados Unidos, el Pentágono ultima el plan para hacerlo posible después de clausurar el polémico centro de reclusión, reconvertido en cárcel para terroristas por George W. Bush en 2003.

El presidente de Estados Unidos está tan determinado a cumplir su promesa antes de dejar el cargo en 14 meses como la mayoría republicana a impedírselo. En pleno proceso electoral, nos encontramos ante una nueva partida de ajedrez. Pero, a diferencia del precedente sobre el acuerdo con Irán, del que Obama salió triunfante por contar con el apoyo de todos los representantes demócratas, el abrumador respaldo de ambas cámaras a la Ley sobre Política de Defensa va a obligar al presidente a encontrar resquicios políticos y legales para hacer viable el cierre de Guantánamo.

Para empezar, tiene que decidir si firma una ley apoyada por la mayoría de sus compañeros de partido.

Todavía permanecen en Guantánamo un centenar de presos, algunos de ellos sin cargos

El cierre de Guantánamo constituye uno de los símbolos de la guerra global contra el terrorismo que instauró el presidente Bush y que, para el actual inquilino de la Casa Blanca, se convirtió en un oscuro lugar de probada violación de los derechos humanos por la falta de garantías de muchos de sus presos. Sin embargo, pese a su promesa electoral de 2008, las enrevesadas cuestiones jurídicas y legislativas, las segundas esencialmente por oposición de la mayoría republicana, han impedido por ahora su consecución.

La aprobación por el Congreso de la ley que mantiene la prohibición de trasladar a reclusos a territorio estadounidense es el gran obstáculo para Obama. Tendría que impulsar una nueva ley o, sencillamente, utilizar el veto, algo que recientemente no fue descartado por el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest. Aunque el portavoz de la Administración Obama reconoció que se trata de un «asunto complejo en el que caben más opciones, esa en concreto también está sobre la mesa».

Esa es la razón por la que el presidente espera a que el Pentágono concluya el plan de clausura de la prisión, que está previsto se presente estos días. El plan que pilota el secretario de Defensa norteamericano, Ashton Carter, incluye los posibles centros penitenciarios a los que se trasladaría a algunos presos, en Colorado, Carolina del Sur y Kansas, así como a las diferentes soluciones para el centenar que permanece en Guantánamo. Algunos de ellos, sin cargos, constituyen un problema jurídico aún no resuelto.

El último liberado

La prisión de Guantánamo, base que es territorio norteamericano en la isla de Cuba, cuenta en la actualidad con 112 reclusos, muy lejos de los 700 que llegó a albergar en tiempos de la Administración Bush. Los años de presidencia de Obama se han convertido en un tira y afloja entre la labor promovida por el presidente de ir liberando a aquellos contra quienes no se encontraron cargos. Sólo este último año, la Administración Obama ha logrado vencer los obstáculos republicanos y reducir en 15, desde los 127, el número de reclusos. El último ha sido el caso de Ahmed Ould Abdel Aziz, repatriado la semana pasada su país natal, Mauritania, después de haber permanecido 14 años en Guantánamo.

El problema con el que se encuentra ahora es que la mayoría de los que permanecen en prisión, o bien afrontan cargos y por tanto deberían de ser trasladados a un centro penitenciario norteamericano, o bien se pretende que sean enviados a otro país, al considerar que son potencialmente peligrosos en suelo estadounidense. Estos últimos supuestos cuentan con el rechazo de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, para quienes el traslado forzoso de alguien sin responsabilidades penales a las que hacer frente constituye una extralimitación legal.

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