Bruselas quiere acelerar la negociación del divorcio para evitar un vacío jurídico

El artículo 50 del Tratado de Lisboa establece el procedimiento para que un país abandone la Unión Europea. Lo primero que debe pasar es que el Reino Unido comunique formalmente su decisión en este sentido. Y aquí está el primero tropiezo, porque mientras el todavía primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que dejará esta misión para quien le suceda después de la conferencia del Partido Conservador en octubre, desde Bruselas todas las instituciones y los partidos políticos le han respondido que esa es una posición inaceptable y que no causaría más que una incertidumbre prolongada. En la cumbre europea del próximo martes y miércoles se le pedirá claridad al británico.

De momento, en la declaración conjunta de los presidentes de las tres instituciones que ha leído el responsable de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se declara anulado el acuerdo al que llegó Cameron en febrero para fijar las reglas de la excepción

británica si se quedaban en la UE. Como estaba previsto, ese acuerdo «ha dejado de existir y no habrá renegociación». La amenaza lanzada durante la campaña según la cual «fuera es fuera» era en serio.

Sayed Kamal, el portavoz del Partido Conservador británico en el Parlamento Europeo, que era partidario del Brexit, dijo ayer por la mañana que las negociaciones pueden llevarse a cabo con serenidad «para acabar siendo buenos vecinos durante mucho tiempo». También Juncker ha dicho que las negociaciones se llevarán a cabo «buscando el beneficio de las dos partes», pero desde el punto de vista estratégico otros responsables políticos advierten en privado de que es «absolutamente necesario que el Brexit no sea un éxito» para Gran Bretaña a corto plazo, porque eso llevaría a otros países a imitar el gesto de dejar la UE.

De momento, desde el punto de vista jurídico, mientras el Reino Unido no haya salido completamente de la UE sigue siendo un miembro de pleno derecho «con todas sus obligaciones y derechos» y la ley europea «está plenamente vigente en su territorio». Esa es la versión que pretende garantizar la seguridad jurídica en este periodo de transición. Según las disposiciones legales, lo único en lo que el Reino Unido no puede participar es en las decisiones que tienen que ver con las negociaciones sobre su retirada de la UE.

Eso quiere decir que por ahora el comisario británico Jonathan Hill sigue siendo comisario europeo y sus decisiones son legales mientras no se haya consumado la salida total del Reino Unido. Los funcionarios de nacionalidad británica, sin embargo, seguirán siendo funcionarios europeos aún después de la desconexión porque cumplían la condición de ser nacionales de un Estado miembro en el momento del inicio de su carrera, aunque es evidente que dejarán de ocupar puestos de alta responsabilidad política. Muchos han anunciado que, dado que cuentan con varios años de residencia legal en Bruselas, pedirán la nacionalidad belga para regularizar su situación y volver a ser ciudadanos europeos.

Otro de los aspectos que debe ser analizado es el futuro de las agencias europeas que están en el Reino Unido, ya que estas dependen de convenios entre la UE y el Gobierno británico. Una de ellas es precisamente una de las más importantes en todo este proceso, la Agencia de Supervisión Bancaria (EBA) cuyo mero traslado puede tener efectos directos en el mercado financiero. Una vez que se inicien las negociaciones se podrá empezar a descoser el complejo entramado económico e institucional para convertir a Gran Bretaña en un país tercero que puede elegir la legislación europea que quiere aplicar, pero que dejará de tener capacidad para diseñarla.

El calendario

De momento desde Bruselas se considera que lo más importante ahora es el calendario. Tanto los populares, como los socialistas, los liberales o los verdes han pedido que el proceso se ponga en marcha lo antes posible. La portavoz de la Izquierda Unitaria, Gabriele Zimmer, ha sido la primera en mencionar las consecuencias territoriales para el Reino Unido y ha apoyado abiertamente la celebración de referendos separados tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, cuya población se ha manifestado mayoritariamente por permanecer en la UE. El Sinn Fein, el viejo brazo político del IRA, forma parte del grupo de la Izquierda Unitaria. La portavoz de los verdes, Rebecca Harms, también cree que el proceso que se inicia ahora desembocará en la partición del Reino Unido. Mientras Manfred Weber, líder de los populares europeos, opina que «la UE está abierta a nuevos miembros», en referencia a Escocia.

El artículo 50 establece un plazo de dos años para que la legislación europea deje de tener vigencia en el territorio del país que deja la UE. Pero no dice que no se pueda hacer antes. De hecho resultaría muy extraño que en el segundo semestre de 2017 Reino Unido ocupase su turno de presidencia rotatoria, como está previsto según el calendario establecido, o que los británicos votasen en las elecciones europeas que tendrán lugar en mayo de 2019.