Amnistía denuncia allanamientos ilegales de la Policía venezolana como nueva táctica de represión

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades venezolanas han puesto en marcha «una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia» en lo que se trata de una nueva modalidad dentro de su arsenal «de tácticas represivas» contra la oposición.

Según el informe « Noches del terror : Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», publicado este lunes, la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el Gobierno «han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta».

«En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar», ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

«Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares. La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar», ha denunciado Guevara-Rosas.

Amnistía cita informes recopilados por organizaciones locales de Derechos Humanos en los que se especifican al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.

Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara. Allí, las personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.