Alemania pone a los refugiados a trabajar por un euro la hora

En la tarde del miércoles, la canciller Merkel se encerró con sus socios de coalición con el objetivo de esbozar una ley que sirva para integrar en el mercado laboral a 100.000 refugiados en un tiempo récord. Si no presentan resultados palpables, el castigo que pueden recibir en las urnas en las generales de 2017 puede ser irreversible, por lo que los socios de la gran coalición alemana comenzaron la reunión dispuestos a no salir de la habitación hasta no haber hallado soluciones. Ya de madrugada, se abrió la puerta con el anuncio de una “histórica” ley de integración cuya principal novedad es que los refugiados podrán trabajar mientras esperan el dictamen sobre su solicitud de asilo y que ese trabajo incluye los empleos “Ein-Euro-Job” remunerados con un euro por hora trabajada.

"El centro de esta ley es intentar en lo posible integrar en el mercado laboral a numerosas personas", explicó la canciller alemana cristianodemócrata, acompañada por Sigmar Gabriel (SPD) y Horst Seehofer (CSU). Con ese propósito, la nueva Ley de Integración hace obligatorio el aprendizaje del alemán, recorta las prestaciones a los refugiados que no cumplan con los requisitos de integración, establece expulsiones en caso de comisión de delitos y prevé programas de formación rápida para los recién llegados con mejores perspectivas laborales.

Uno de los cambios más destacados es que hasta ahora los refugiados no podían integrarse en el mercado laboral mientras su solicitud de asilo era procesada y a partir de ahora podrán ser integrados en las ocupaciones remuneradas con entre 1 hasta 2,5 euros por hora que fueron legisladas hace más de diez años por las reformas Harz y que implican a parados de larga duración, que pueden ser llamados para estos trabajos de valor comunitario, como retirar nieve de las carreteras en invierno, limpieza de jardines o atención de servicios estatales como las escuelas de prácticas de conducción de bicicletas para niños. Las personas que son llamados a cumplir con alguno de estos empleos reciben un euro por hora además de las ayudas sociales que venían recibiendo, pero si se niegan corren el peligro de perder las prestaciones sociales.

Pragmatismo

Los “Ein-Euro-Jobs” han sido aplicados principalmente en zonas del este de Alemania donde el paro superaba el 20%. Según datos de la Agencia Federal de Empleo de 2006, ese año fueron registrados 840.000 empleos de este tipo, pero la cifra se había ido reduciendo hasta los 230.000 de 2015. No se trata de empleos regulares, ya que quienes los toman siguen constando como parados y reciben su subsidio del Estado, sino como servicios a la comunidad a cambio de las ayudas e incentivo para la búsqueda de empleos mejor pagados. La Agencia Federal de Empleo ha considerado en declaraciones a Frankfurter Allgemeine que esta ampliación del banco de trabajadores “Ein-Euro-Job” como “correcta”, ya que “los refugiados se están preparando para llegar a conseguir un empleo regular y así será más fácil que permaneciendo inactivos”.

El vicecanciller y presidente del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, ha dicho durante la presentación del acuerdo que "quien quiera pertenecer a nuestra sociedad tendrá el camino más fácil" y ha subrayado que se trata de una “ley solidaria pero también pragmática". "Es importante la integración de la gente que llega al país, pero también es importante que a aquellos que no acepten estas medidas se les recorte las prestaciones", ha agregado el socio más crítico del Gobierno, el presidente de Baviera y de la Unión Socialcristiana (CSU) Horst Seehofer.

La nueva ley de integración prevé además que los solicitantes de asilo procedentes de países considerados seguros o personas que deberán ser deportadas no podrán beneficiarse de la inserción en el mercado laboral y, para evitar falta de claridad en los permisos de residencia, deberá vincularse el acceso al mercado laboral y a las prestaciones de integración un certificado de llegada. También contempla la suspensión durante tres años de la norma que excluye a los solicitantes de asilo de puestos de trabajo a menos que no haya un ciudadano alemán o de la Unión Europea que pueda ocuparlos, y quedan reducidos los tiempos de espera para los cursos de alemán de tres meses a seis semanas.

Además, para evitar la formación de posibles guetos, las personas con derecho a permanecer en el país serán repartidas de forma proporcional por todo el territorio alemán. "Las infracciones en relación con el lugar de residencia asignado tendrá consecuencias palpables para los afectados", han explicado fuentes del gobierno, sugiriendo que puede llegarse a la expulsión.