Internacional

Activistas «atrapados» en Egipto

El régimen de Al Sisi impide salir de Egipto a todo aquel del que teme que dé una imagen negativa del país.

El general Al Sisi, en una imagen de archivo
El general Al Sisi, en una imagen de archivo - Reuters
ALICIA ALAMILLOS Corresponsal En El Cairo - Actualizado: Guardado en:

Aida Seif el Dawla, directora de un reconocido centro para la rehabilitación de víctimas de la tortura en Egipto, pretendía viajar a Túnez para una conferencia. No llegó más allá del aeropuerto: fuerzas de seguridad la detuvieron, interrogaron y le retiraron el pasaporte –impidiéndole de ahora en adelante salir del país. Seif el Dawla es la enésima prohibición de viaje del Gobierno de Abdelfatah Al Sisi contra activistas, políticos de la oposición o académicos, una «medida arbitraria» que grupos proderechos humanos señalan que se ha convertido en los últimos meses «una de las más significativas herramientas de represión», con la intención de «disuadir e intimidar» tanto a egipcios como extranjeros.

El nombre de Seif el Dawla figura en una «lista negra» de personas sujetas a la prohibición de viajar, que ya engrosan más de un centenar de personas. Sólo en noviembre, a otras dos activistas, entre ellas Azza Suleiman, presidenta de una ONG proderechos de las mujeres, se les retiró el pasaporte. También se le previno de salir del país a Mozn Hassan, directora de Nazra para los estudios feministas, cuya organización ha firmado un comunicado conjunto denunciado el acoso al «movimiento activista y feminista» en Egipto. «Es parte de la actitud del régimen para silenciar todas las voces disidentes. No pueden tolerar la idea de que alguien puede monitorear al Gobierno o a la Presidencia», señaló a ABC Seif el Dawla.

De junio 2014 a septiembre 2016, más de un centenar de personas han sido prevenidas de salir de Egipto y viajar al extranjero, según datos recogidos por el «think tank» egipcio Daftar Ahwal, un tendencia que va en aumento. La mayoría son activistas, pero también políticos de la oposición o académicos, «por su trabajo en la esfera pública», señala el informe «Sin salida: Prevalecen la intimidación y extorsión con un incremento del uso arbitrario de las prohibiciones de viaje contra defensores de los derechos humanos», del Instituto Cairo de Estudios de Derechos Humanos (CIHRS) y la Asociación por la libertad de Pensamiento y Expresión (AFTE).

Sin notificación previa

Muchos de ellos son detenidos en el mismo aeropuerto, sin una notificación judicial previa. «Sin ofrecer razones», agentes de la Agencia de Seguridad Nacional interrogan y registran al viajero, retirándoles el pasaporte, denunciaron a principios de noviembre Human Right Watch y Amnistía Internacional. Muchas veces, los afectados desconocen cuándo les será levantada la prohibición.

En los últimos 18 meses, las autoridades egipcias han estado imponiendo prohibiciones de viaje a discreción, aprovechando la ausencia específica de una regulación de los procedimientos para la prevención de salir del país. «Las autoridades egipcias quieren cortar la conexión del movimiento egipcio proderechos humanos con el mundo exterior», asevera el vicedirector del área de Oriente Medio y Norte de África en HRW Joe Stork.

En el poder desde 2013, tras la caída del Gobierno islamista de Mohamed Morsi, Abdelfatah Al Sisi ha encabezado una persecución tanto contra miembros de los Hermanos Musulmanes -declarados organización terrorista- como contra activistas o acedémicos contrarios con sus políticas. En los últimos meses, el Ejecutivo de Al Sisi ha centrado sus esfuerzos en coartar la labor de las ONG, a las que acusa de recibir fondos extranjeros para desestabilizar el país y ofrecer una imagen negativa de Egipto en el exterior. Una decena de organizaciones han sido llevadas a los tribunales en el conocido como «caso de financiación extranjera», y se está estudiando una nueva ley que dificultará aún más el trabajo de las ONG locales.

«Además de la prohibición de salir del país, sufrimos otras presiones», añade a ABC la activista feminista Hassan. «No se nos permite organizar eventos públicos, los servicios de seguridad nos vigilan constantemente, se presentan en la oficina, el Ministerio de Solidaridad Social nos niega financiación, se congelan fondos de las organizaciones… Esto es algo que no había pasado nunca antes contra el movimiento de los derechos humanos».

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