Dilma Rousseff gana tiempo para evitar su destitución en el Congreso de Brasil

La Corte Suprema de Brasil dio tiempo a Dilma Rousseff hasta noviembre, ante la amenaza de destitución por supuestas maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas. El Congreso –presidido por el enemigo declarado de la mandataria, Eduardo Cunha– tramita solicitudes de moción de censura que el martes pudieron costarle el cargo a Rousseff. Sin embargo, los magistrados Teori Zavascki y Rosa Weber suspendieron la estrategia de Cunha para despachar las peticiones de moción de censura en su poder, por considerarlo una maniobra para dejar a Rousseff sin salida. La decisión de la Corte no es definitiva y Cunha puede apelar.

La interpretación del Supremo fue celebrada en el Gobierno, que gana tiempo para conseguir apoyo en el Congreso y también seguir el curso de las investigaciones por blanqueo de dinero que amenazan a Cunha, por las que también podría perder el cargo.

Cunha es uno de los principales jefes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –aliado más importante del oficialista Partido de los Trabajadores (PT)–, pero entró en una guerra personal con Rousseff por el caso Petrobras.

Considerado un especialista en las normas del Congreso, Cunha creó una especie de manual sobre la estrategia que seguiría en las peticiones de moción de censura contra Rousseff; con algunas reglas consideradas innovadoras, como su interferencia en la comisión encargada de analizar las solicitudes. Los diputados oficialistas cuestionaron esas reglas en la Corte y los magistrados Zavascki y Weber prohibieron el manual hasta que el plenario, compuesto por otros nueve magistrados, opine sobre el asunto.

«El Gobierno ganó tiempo, el bien más precioso que necesita ahora para reagrupar sus tropas y conseguir los 171 votos que necesita en la Cámara para detener la apertura del proceso», asegura el analista político José Márcio Mendonça. Diputados petistas ya declararon que tienen unos 230 apoyos en la Cámara, pero también comentaron que no están plenamente seguros de que las presiones de la calle no cambien ese rumbo.

Las protestas contra el Gobierno siguen latentes, tanto por parte de la oposición como de los movimientos sociales que antes apoyaban a Rousseff. La presidenta mantiene su popularidad en un dígito, entre el 7% y el 9%, la peor alcanzada por un mandatario brasileño desde la destitución de Fernando Collor de Mello en 1992.

Los analistas consultados sostienen que la cuerda que la Corte Suprema ha tendido a Rousseff debe dejarla correr más tiempo. La estrategia del Gobierno es aplazar el caso hasta noviembre e incluso diciembre, cuando el asunto puede perder fuerza. También se espera que si este asunto se arrastra hasta diciembre salga finalmente de la agenda de 2016, cuando el segundo Gobierno de Rousseff entrará en su segundo año de mandato. Lo único cierto es que, como en las buenas telenovelas brasileñas, es difícil saber lo que puede pasar en el próximo capítulo de la política nacional.