Guerra Civil española/Opinión

18 de julio: huir de la discordia

España sabía que la guerra civil iba a estallar, y han sido muchos los políticos arrepentidos de no haber sabido evitarla. Ochenta años después, sería bueno huir de todo cuanto reaviva la discordia, para buscar soluciones a los problemas

FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ Madrid - Actualizado: Guardado en: Historia

LA falsificación deliberada y sistemática de nuestra Historia contemporánea, llevada a cabo con programada inverecundia por algunos de los sucesores de quienes perdieron la guerra civil y sin réplica apreciable por parte de los herederos políticos de los vencedores, está deformando de manera inquietante la mentalidad de los jóvenes españoles que, sin formación ni conciencia crítica ninguna, aceptan con la mayor naturalidad la beatificación de las figuras históricas de la izquierda radical y la demonización implacable de cuantos tuvieron algo que ver con la derecha.

Digamos, ante todo, que esta misma terminología de vencedores y perdedores era ya anacrónica en 1969 cuando, al declarar prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, cualquiera que fuera su gravedad y sus consecuencias, se calificó a la guerra civil de «lucha entre hermanos», pero, sobre todo, decidimos darla por olvidada cuando la Ley para la Reforma Política de 1976, inspirada por la Monarquía de todos, abrió un futuro de concordia en libertad y la Constitución de 1978 dio cobijo, por primera vez, a todos, al margen de antecedentes, de etiquetas históricas y de comportamientos políticos. Convivir en un régimen plenamente democrático, respetando todas las ideas y limitando la libertad de cada uno exclusivamente por el respeto a la libertad de los demás, fue el sugestivo proyecto de vida en común que nuestra generación acertó a ofrecer a las anteriores y a las futuras y que, con la colaboración de todas las fuerzas políticas significativas, ha dado a España casi cuarenta años de progreso que la Historia reconocerá entre los más brillantes de nuestro recorrido por ella.

¿A qué viene organizar exposiciones enaltecedoras de don Indalecio Prieto y tratar de borrar la heroica figura del general Moscardó? En absoluto me parece mal lo primero, supuesto que los errores –muchos de ellos confesados por el líder socialista– no invalidan los aciertos que también tuvo en su indisimulado patriotismo. Lo que carece de todo sentido, como no sea la pretensión de herir otros sentimientos igualmente patrióticos, es la descalificación de una gesta gloriosa, la del Alcázar de Toledo, que asombró incluso a quienes lo asediaban.

¿A qué viene el intento de convertir a las Brigadas Internacionales en paradigma de la lucha por la democracia y hacer de la División Azul un símbolo hitleriano, cuando todos los historiadores relatan que aquellas constituyeron básicamente un ejército soviético y esta se movilizó para dar la batalla al comunismo staliniano?

Podríamos escribir cientos de páginas demostrativas del sectarismo con que se aplica la infausta ley de memoria histórica que, lejos de enterrar a los muertos como debemos y de sanar las heridas que puedan seguir abiertas, está provocando de nuevo las discordias y los enfrentamientos civiles que se superaron entre 1976 y 1978.

Los políticos actuales y también los ciudadanos deberían tener muy presentes las consecuencias de las desmesuras en que incurrieron los políticos –y también los ciudadanos– frente a la Monarquía, frente a la República y frente al Régimen de Franco. Ahora se presenta a este último como el resultado de un golpe militar contra un régimen idílico, ocultando sistemáticamente las circunstancias en que se produjo la sublevación. En el Congreso de los Diputados se ha producido una condena tan ociosa como demagógica, sin que nadie se haya referido a la revolución de 1934 o al programa político con que se presentó a las elecciones de febrero de 1936 el Partido de Centro Democrático, anunciando bien significativamente que se trataba de evitar la pugna despiadada de dos irreconciliables banderías, evitando caer «en la guerra civil que unos anuncian o en la revolución roja que por el otro extremo nos amenaza».

De la guerra civil se hablaba con toda naturalidad en los meses que la precedieron. Sin recurrir a las abiertas invocaciones de Largo Caballero el 12 de enero en Madrid y el 25 en Alicante ni recordar que para Ramos Oliveira las citadas elecciones de febrero de 1936 «fueron la guerra civil misma», es fácilmente demostrable que Azaña hablaba ya el 17 de marzo de su «negra desesperación»: «Hoy nos han quemado Yecla: siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete y Almansa. Ayer, motín y asesinato en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes, Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado, en la calle del Caballero de Gracia, a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… Lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno –es decir, desde un mes antes– y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos». Martínez Barrio, inicialmente presidente de las Cortes y presidente interino de la República después, escribe que «la derrota del centro-derecha hizo que apareciera sobre la escena otro peligro de índole distinta, pero no menos grave, una extrema izquierda social-comunista, ávida de revancha».

No bastó la amnistía de los gravísimos delitos del 34, votada por las derechas «como medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional». No bastó la dramática apelación de Azaña a que no había venido a presidir una guerra civil, sino más bien con la intención de evitarla. El periódico de las izquierdas francesas advertía de que el Gobierno de Madrid estaba siendo desbordado por sus aliados de extrema izquierda, y estos parecían empeñados en darle la razón creando un clima rigurosamente inadmisible en el propio Congreso de los Diputados.

Allí fue donde José Díaz Ramos, hablando en nombre del Partido Comunista, dijo el 15 de abril no saber cómo iba a morir el señor Gil Robles, pero que «si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos»; y, ante las protestas y contraprotestas que la frase provoca, puntualiza Dolores Ibarruri (que tiene en Madrid la avenida que no tiene Gil Robles): «Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas». Un rato después, el representante del Partido Obrero de Unificación Marxista sostenía que no habría calma mientras no se aplicara la ley del talión y un diputado anarquista anunciaba que «el día que el pueblo español pierda la fe en el motín y en la violencia esporádica, el día que sepa cuál es su verdadera fuerza y que no debe desgastarla en inútiles motines y revueltas, sino en una prueba definitiva y terminante para imponer los ideales del proletariado, entonces será cuando las derechas podrán tener temor verdaderamente al proletariado español».

No es un invento de la propaganda que Dimitrov había anunciado en Moscú que el Frente Popular era una fase transitoria magnífica hacia la revolución comunista. De lo que fue la primavera de 1936 hay testimonios inapelables de García Morente, de Pedro Salinas, de Clara Campoamor y de tantos otros españoles ajenos a la derecha histórica. Mucho antes de los crímenes de julio, mucho antes del incalificable asesinato del jefe de la oposición parlamentaria, toda España sabía que la guerra civil iba a estallar, y han sido muchos, innumerables, los políticos arrepentidos de no haber sabido evitarla. Ochenta años después, no hay, por fortuna, comparación posible y a nadie se le ocurre que puedan reproducirse tan angustiosos acontecimientos, pero sería bueno huir de todo cuanto reaviva o reproduce la discordia, para dedicarse a buscar, en el acuerdo o en la civilizada discrepancia, las soluciones a los problemas de hoy, que son bastante más importantes que las medallas o el nombre de las calles.

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