Isabel Pantoja, hundida y desesperada en «Cantora», pide tiempo al juez

El último día, y desmintiendo a cuantos aseguraban que ya tenía el dinero para hacer frente a lo requerido por la Justicia, la procuradora de Isabel Pantoja (58 años) acudió ayer a la Audiencia de Málaga para hacer entrega de una parte de la multa (la décima parte) por el delito de blanqueo de capitales. También, para solicitar una suspensión de la ejecución de la condena con el fin de conseguir el total del importe. Condenada a abonar 1.147.000 euros, además de una pena de dos años de cárcel, el juez de la Audiencia le había enviado un auto exigiendo el pago de dicho importe y dándole diez días hábiles para su ingreso voluntario en prisión. A Isabel le pilló por sorpresa.

Estaba convencida de que el recurso que se había presentado paralizaba todo lo demás.

Desde que recibió el auto, la maquinaria para reunir el capital no ha cesado. En estos diez días ha intentado vender su casa de La Moraleja sin que, hasta el momento, haya podido cerrar ninguna operación; entre otras causas porque Hacienda ha bloqueado cualquier actuación sobre la propiedad debido a una investigación que aún no ha terminado.

Ha esperado, pues, hasta el último día de plazo para llevar un escrito al juez pidiendo una demora. Fuentes de su defensa aseguran que habrá que esperar diez días más para obtener respuesta. Pero sólo el juez tiene la última palabra: darle tiempo para que reúna el dinero o decretar su ingreso en prisión. El impago de la multa supondría seis meses más de cárcel a los dos años que ya constan en la sentencia.

Isabel Pantoja no tuvo que acudir ayer el juzgado. Según fuentes cercanas a la artista, se encuentra recluida en su finca de «Cantora» junto a su madre y sus familiares. Hundida y desesperada, quiere estar con doña Ana para prepararla ante lo que está por venir. Hasta ahora, había tratado de evitar que estuviera al tanto de la situación.

Ayer, desde el despacho Galán y Asociados, que se encarga de la defensa de la tonadillera, se emitieron informaciones erróneas. A primera hora de la mañana confirmaron que se había realizado el importe íntegro de la multa para, luego, rectificar. Lo cierto es que en el escrito presentado por la Audiencia figura la confirmación de una transferencia de 100.000 euros, así como la intención de pagar el resto en diferentes plazos.

El juez deberá pedir ahora un informe a la Fiscalía de Málaga sobre si estima la petición de la tonadillera, un requisito que sin ser vinculante, se suele tener en cuenta, según informa M. José Garde. La sección de Anticorrupción de la Fiscalía ya se había negado el caso de otros condenados por blanqueo que solicitaron la libertad condicional. La «lacra social» de los delitos cometidos es demasiado grande.