Fotografía de Cristina Cifuentes saliendo de un ascensor
Fotografía de Cristina Cifuentes saliendo de un ascensor - Maya Balanya

Un segundo informe de la UCO incide en sus sospechas sobre Cifuentes al adjudicar la cafetería de la Asamblea

El análisis de las declaraciones de otros participantes en el expediente «avalaría aun más» las conclusiones del documento difundido este martes

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Un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica incide en la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de una conducta prevaricadora como «directa partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El documento, con fecha del pasado 27 de marzo -casi un mes después del primero-, incide en el contenido del informe conocido este martes si bien no habla del delito de cohecho, centrándose en un presunta prevaricación que apuntalan diversos testigos interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente.

La UCO concluye que las declaraciones prestadas ponen de manifiesto la existencia de «significativas y evidentes contradicciones» entre los diferentes testimonios y permiten concluir la existencia de «una pluralidad de acciones» por parte del Comité de Expertos -del que formó parte Cifuentes- que tuvieron como única finalidad favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos".

Donaciones al PP de Madrid

Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas «arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina» en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien en este segundo informe no alude a esta circunstancia.

El informe reproduce las declaraciones, como autores de un presunto delito de prevaricación, realizadas en las dependencias de la Guardia Civil por otras tres personas que participaron en este expediente administrativo: la jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de MadridTatiana Sonsoles Recorder, la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino -que formaba parte del comité de expertos- y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri.

A juicio policial, el análisis efectuado al contenido de las referidas declaraciones «avalaría aun más» las conclusiones apuntadas del informe del 1 de marzo dado a conocer este martes, dadas las contradicciones observadas en los citados testimonios.

La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de proporcionar a la empresa de Arturo Fernández un amplio margen de puntos «para poder afrontar la apertura del último sobre del que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (...) donde el comité de expertos no intervenía».