El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, junto los ediles del PP Inma Sanz y Álvaro González
El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, junto los ediles del PP Inma Sanz y Álvaro González - DE SAN BERNARDO

Los puntos oscuros de la compra de Bicimad

El PP atribuye a Sabanés y al gerente de la EMT una actuación «negligente y abusiva» al «no cotejar» los datos de Bonopark; Carmena sigue en silencio

MADRIDActualizado:

El cúmulo de dudas y supuestas irregularidades destapadas por ABC que rodean la gestión realizada por el Ayuntamiento de Madrid para adquirir Bicimad cuando el servicio estaba a punto de caer en bancarrota llevó ayer al Grupo Municipal Popular a los tribunales. El PP registró en los Juzgados de Instrucción de plaza de Castilla una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, como presuntos autores de delitos de malversación y prevaricación durante la gestión para comprar Bicimad.

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, considera que «se produjo un grave daño a las arcas públicas al pagar un valor mayor al real» y cree que los querellados actuaron de manera «negligente y abusiva» al no «cotejar la información económica» de Bonopark, la concesionaria del servicio, con informes externos a la hora de adquirir Bicimad. «Pese a los indicios de irregularidades, el gobierno de Carmena no ha querido dar explicaciones a los madrileños, pero ahora tendrá que darlas ante el juez», declaró Martínez-Almeida, poco antes de que la alcaldesa se marchara de la comisión de Cultura sin mediar apenas palabra: «Ya habrá tiempo de hablar», lanzó.

En octubre de 2015, Bonopark comunicó a la actual Corporación que la entidad estaba al borde de la quiebra y que acumulaba pérdidas mensuales de 300.000 euros. Con este argumento, la firma navarra solicitó al Consistorio el reequilibrio económico por 3,4 millones. Ahora Madrid lo evitó pactando en privado asumir el negocio.

El PP sostiene que «en ningún momento se justifica» con informes económicos contrastados que la cesión sea «lo más favorable» para los intereses del Ayuntamiento. Incluso mencionan varias alternativas más ventajosas: rescatar la concesión por los 3,4 millones que pedía Bonopark, con los que se habrían ahorrado 7 millones; obligar a la concesionaria a cumplir con sus obligaciones imponiéndoles sanciones, algo que tampoco se hizo en dos años; o resolver el contrato y volver a adjudicarlo. Por ello, estiman que «se produjo un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo que produce un grave daño al patrimonio público».

El 19 de abril, la Comisión Delegada del Consejo de la EMT -en la que solo participa Sabanés, Heredia, el secretario y el coordinador- aprobó el contrato de transferencia a Bonopark por 10,5 millones. El Consejo de Administración de la EMT, donde sí que tiene voz y voto la oposición, no conoció la decisión hasta el 26 de septiembre. Entonces ni siquiera la municipalización de Bicimad se incluyó en el orden del día, sino que Sabanés lo comunicó «de manera sucinta» en el apartado de ruegos y preguntas, sin debate.

Durante el proceso de compra tampoco se realizó ningún estudio económico que justificase un valor tres veces mayor que el precio requerido por la propia Bonopark. Desde el área de Medio Ambiente argumentan que «se tuvieron en cuenta diversos trabajos internos de EMT», y algunos de ellos «se encargaron a una empresa independiente». Sin embargo, en la querella se detalla cómo, después del contrato firmado, «se intenta justificar la falta de claridad a la hora de pactar el precio con dos informes. La auditoría independiente a la que se refiere Medio Ambiente se realiza por Ernst & Young en julio de 2016.

Ésta revisa las cuentas de Bonopark de 2015, que confirman sus elevadas pérdidas. El otro documento valora el precio del contrato, que lo tasa entre los 9,49 millones y los 11,13 millones. Éste es el informe en el que se basa la Junta de Gobierno para autorizar la transferencia. Sin embargo, en este dossier no consta la persona que lo emite, ni la fecha, ni la firma. Este es el mismo documento que aparece alterado un año después en la EMT como nota interna, ahora sí, con membrete y fecha del 8 de septiembre. Pero lo más sorprendente es que es emitido por la Dirección Financiera, cuando este cargo no existió hasta marzo de 2017.

El último capítulo del caso Bicimad llega en diciembre, ocho días después de que este diario señale la adulteración de los papeles: EMT contrató «a dedo» una consultora para que corroborase el informe realizado supuestamente por el director financiero. Sin publicidad y sin concurrencia de tres ofertas. La EMT se salta los trámites legales establecidos con el argumento de la «confidencialidad». Mientras se asigna el juez instructor, el caso llegará antes al Pleno, donde el PP pedirá explicaciones a Carmena y volverán a solicitar una comisión de investigación.