La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes
La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes - EFE

El PP vuelve a la comisión de corrupción que abandonó hace 15 días para frenar la comparecencia de Cifuentes

Los populares piden la suspensión cautelar del orden del día que incluye este punto porque entienden que si se aprueba, se cometería fraude de ley

MADRIDActualizado:

El PP ha acudido esta mañana a la reunión de la mesa de portavoces de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid. Lo ha hecho a pesar de que hace 15 días, el 8 de enero, anunció que dejaba de asistir a dicha comisión por considerar que se había convertido en una «especie de Tribunal de la Inquisición» para el «linchamiento político» del PP. Pero este miércoles ha vuelto a su seno para solicitar la suspensión cautelar del orden del día que se discutía, y que incluye la nueva comparecencia de la presidenta Cifuentes ante la misma. El PP, apoyándose en la opinión de la secretaria general de la Asamblea, que puso reparos a dicha comparecencia, entiende que sería contrario a la ley que tuviera que declarar de nuevo ante la comisión.

El diputado popular en esta comisión Alfonso Serrano ha argumentado que acudían a la misma porque aún no se había formalizado su abandono: «hasta el lunes no es oficial», ha dicho, y por eso han preferido estar presentes para ver cómo se debatía la petición que formularon el martes por escrito contra la comparecencia de la presidenta Cifuentes.

La presencia de los populares ha dejado estupefactos a los miembros de las otras formaciones políticas -PSOE, Podemos y Ciudadanos- que continúan participando en la comisión sobre la corrupción. Desde las filas naranjas, concretamente, se consideraba un intento de sortear el reglamento a conveniencia de los populares. Que es, justamente, lo mismo que estos achacan a la oposición parlamentaria regional, al entender que están interpretando el reglamento a su propia conveniencia y convirtiendo una comisión no permanente como es por naturaleza la de investigación de la corrupción, en un órgano que va a funcionar durante prácticamente toda la legislatura.

PP y oposición se acusan mutuamente de estar «retorciendo» el reglamento para adaptarlo a sus necesidades políticas

El diputado popular Serrano, sin embargo, cree que son los partidos de la oposición los que están «retorciendo el reglamento» de la Aamblea. El objeto del debate en este momento es si Cifuentes debe acudir o no de nuevo a comparecer ante esta comisión. La oposición quiere llevarla para que explique cómo es posible que se traspapelaran durante meses los documentos del juez en que señalaba que sí se podían enviar a la oposición las actas del Canal que aquella venía reclamando desde agosto de 2017.

El Gobierno regional asegura que por un error humano -cuyo responsable ya ha sido cesado- ese permiso judicial no se ha localizado hasta este mismo mes, que es cuando han comenzado a enviarse las actas a los partidos. Pero la oposición quiere escuchar la explicación de boca de la propia presidenta.

Para ello, y ante los reparos legales que planteó la secretaria general de la Asamblea el pasado lunes, han optado por reactivar antiguas peticiones de comparecencia -de abril de 2017- como medio para que la presidenta acuda ante los diputados en la comisión de investigación.

Pero el PP entiende que en las fechas en que se le reclaman explicaciones, Cifuentes era delegada del Gobierno en Madrid, y su cargo no tenía nada que ver con la gestión del Canal de Isabel II, por la que se le quiere preguntar. De ahí que hayan decidido saltarse su propia decisión de abandonar la comisión de investigación -por considerarla, dijeron a comienzos de mes, «un circo»- y volver a la misma para exigir que se suspenda cautelarmente el orden del día de esa comisión hasta que se tenga un informe jurídico detallado sobre los reparos que planteó la secretaria general.

«Un compareciente que viene acomparecer por unos temas concretos no puede ser preguntado por otras cuestiones», justificaba Serrano sobre la postura del PP. A su juicio, hacerlo sería «un fraude reglamentario» que «la mesa tiene la obligación de impedir, tanto que se le pregunte como que la propia presidenta conteste». Lo que se persigue, aseguran los populares, es «la estigmatización y el linchamiento político» de Cifuentes.