Bicicletas en una estación de Bicimad
Bicicletas en una estación de Bicimad - ABC

El PP llevará la «sospechosa» auditoría de BiciMad a los tribunales

Martínez-Almeida se querellará el viernes por la presunta compra irregular

MadridActualizado:

El Partido Popular acudirá este viernes a los tribunales para que se investigue la compra que el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, realizó para hacerse con el servicio público de la bicicleta, Bicimad, en 2016. Como contó este diario en exclusiva, la adquisición a la empresa navarra Bonopark se hizo sin informes oficiales que avalaran las cuentas. Pagó 10,5 millones de euros sin contar con la firma de ningún técnico municipal.

El portavoz del grupo popular, José Luis Martínez-Almeida, dijo que la querella irá contra Inés Sabanés y contra Álvaro Fernández Heredia, gerente de la EMT. La denuncia recogerá la auditoría realizada en diciembre del año pasado, un año después de la compra: «Es un contrato «ad hoc» para justificar la posible responsabilidad penal que tienen Inés Sabanés y el gerente de la EMT, y por eso vamos a interponer una querella para determinar si se ha producido una malversación de caudales públicos en la cesión del contrato de Bicimad, que a nuestro juicio, indiciaria y presumiblemente se ha podido producir», manifestó ayer el edil ante los medios. Almeida se preguntó por qué se realiza ahora y recordó que no habían hecho una auditoría ni inventario de los bienes previo a la cesión del contrato.

El portavoz popular manifestó que el PSOE «a la vista de estos datos debería replantearse por qué votó en contra de la comisión de investigación, si está dispuesto a seguir siendo cómplice de todas las irregularidades que se están produciendo en Bicimad o si por el contrario quiere arrojar luz».

La empresa contratada para realizar la auditoría ha sido Gabinete Técnico de Auditoría Consultoría S. A. por 3.750 euros. El contrato, de una duración de diez días, se adjudicó el 19 de diciembre de 2017, después de que ABC sacara a la luz las presuntas irregularidades en la compra de Bicimad. Esta empresa es la misma que llevó a cabo el análisis en el Palau de la Música y fue incapaz de detectar el desvío de fondos. Estudió la contabilidad de la Fundació Orfeó Català Palau desde 2002 hasta que estalló el escándalo en 2009. Tras salir a la luz el desvío de fondos realizado por Fèlix Millet, el Palau encargó una nueva auditoría a Deloitte, que acabó haciendo aflorar un desfalco de 23 millones de euros. Los máximos responsables fueron condenados el lunes a 9 y 7 años de cárcel.

También revisó esta entidad las cuentas del Fórum de las Culturas, sin detectar que acabó costando 240 millones frente a los 215 presupuestados. Gabinete Técnico exoneró al segundo tripartito tras el encargo en 2007 de informes externos que costaron 729.0000 euros. Después se descubrió que el Govern ya la había contratado para revisar en 2005 las cuentas de los puertos de la Generalitat.