Madrid

El Pleno del Ayuntamiento plantea la reprobación de Botella, Dancausa y Sanjuanbenito

Lo achaca a que son los responsables políticos de la venta a Fidere. Será la primera actuación de este tipo de la historia del Consistorio

Ana Botella, en el atril del Pleno de Madrid, en una foto de archivo
Ana Botella, en el atril del Pleno de Madrid, en una foto de archivo - JOSÉ RAMÓN LADRA
EP Madrid - Actualizado: Guardado en:

La anterior Junta de Gobierno en Pleno —Ana Botella, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Paz González, Dolores Navarro, Diego Sanjuanbenito y Pedro Corral— podría ser reprobada este miércoles en la sesión plenaria que se celebrará en el Palacio de Cibeles como responsables políticos de la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a fondos buitre.

Sería la primera reprobación en la historia del Ayuntamiento de Madrid. Los votos unánimes de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en la comisión municipal de investigación sacaron adelante un dictamen que incluye entre sus recomendaciones la reprobación en el Pleno del Ayuntamiento de los responsables políticos que «permitieron e impulsaron la enajenación a fondos buitre».

La reprobación y los restantes acuerdos de la comisión pasarán este miércoles por el Pleno de Cibeles. Como figura jurídica, la reprobación no existe, en definitiva, no es vinculante aunque sí tiene un importante valor político y simbólico.

Así, la reprobación se dirige, como recoge la proposición a la que ha tenido acceso Europa Press, a quienes fueron «responsables políticos directos de la operación de venta de inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a los fondos de inversión vulnerando la función social de la empresa pública e incurriendo en un proceso irregular y opaco que ha conllevado consecuencias sociales intolerables para la ciudadanía de Madrid».

Desahucios y chantajes

Entre ellos citan desde el «quebranto económico y patrimonial del Consistorio hasta desahucios, chantajes y comportamientos injustificables hacia las familias arrendadas en las viviendas enajenadas», calificados en el dictamen como de «matonismo antidemocrático».

Un ejemplo de ello, como expusieros los grupos participantes en al comisión, fue la decisión del fondo de inversión Fidere de anunciar la no renovación del alquiler a la portavoz de la Plataforma de Afectados, Arancha Mejías, que podría desembocar en el desahucio de su familia. Esa no renovación llegaría tras la comparecencia de Mejías en la comisión de investigación.

Así, la reprobación se dirige a los miembros de la Junta de Gobierno que el 20 de junio de 2013 aprobaron el plan de viabilidad que originó la enajenación de 18 promociones de vivienda pública y social a fondos buitre. De ellas siguen en la política activa la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, los diputados autonómicos Enrique Núñez y Diego Sanjuanbenito, y el concejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Corral.

Dictamen de la comisión

En el Pleno de este miércoles se debatirá el dictamen de la comisión, en la que no participó el PP por considerarla «una Causa General» contra ellos y una «cacería». En el dictamen —aprobado por unanimidad en comisión por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos— se acordó además interponer querella o adherirse al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS.

Se haría ampliando el ámbito del proceso contra «quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la EMVS en claro incumplimiento de la legalidad» por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

También se procederá al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos que, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS, han generado un perjuicio.

Igualmente se declarará de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas o en su defecto en el supuesto de anulabilidad. Y teniendo en consideración la posible infracción del derecho de la competencia, cabría interponer denuncia por estos hechos ante la Comisión Europea.

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