La oleada de denuncias que espera a Carmena por la anulación del «Distrito Castellana Norte»

La promotora Distrito Castellana Norte (DCN) formuló la semana pasada la primera de la oleada de denuncias que se esperan contra el Ayuntamiento de Madrid por anular unilateralmente el plan inicial de la denominada como «operación Chamartín». Una reclamación a la que se sumó ayer la Comunidad de Madrid, con un recurso contencioso administrativo ante el TSJM independiente al de los promotores, por considerar que el Ejecutivo municipal de Ahora Madrid ha actuado de manera «arbitraria» al sustituir el proyecto pactado por otro denominado «Madrid Puerta Norte». El tercer actor de la Administración afectado por la anulación, el Ministerio de Fomento, tampoco se lo va a poner fácil a la alcaldesa Manuela Carmena. A finales de junio, ya envió un requerimiento previo –el trámite inicial para comenzar un proceso jurídico por la vía de lo contencioso-administrativo– al Consistorio para que aprobara definitivamente el plan que dejaron encauzado los gobiernos del Partido Popular en enero de 2015.

Una potencial reclamación ante la Justicia que podría ser el detonante para que Adif y Renfe emprendieran también acciones legales por anular la operación Chamartín. Las dos entidades públicas ya enviaron una carta al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, –solo un día después de que el Pleno ejecutara la muerte del proyecto original– instándole a reconsiderar la propuesta. En la misiva recordaban que fue «aprobada por el Ayuntamiento en febrero de 2015» y amenazaba que de no hacerlo, denunciarían para ser «resarcidos por los daños y perjuicios». Concretamente, los 700 millones de euros en obras ejecutadas o ejecución como la del Cercanías Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - T4-Chamartín.

En este escenario, en el que los promotores además prevén presentar un segundo requerimiento como compensación por los 120 millones invertidos, el Ayuntamiento se queda absolutamente sólo en su nuevo plan para los terrenos de Chamartín. De hecho, tampoco se descarta que alguna asociación vecinal –el 80% de las del distrito apoyan el planeamiento original– denuncie asimismo al Consistorio.

Aunque se trata de iniciativas judiciales diferentes «motivadas por intereses distintos», los actores involucrados coinciden en denunciar que el Gobierno municipal ha actuado de manera «arbitraria».

Así lo expresó ayer la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que destacó que la anulación del proyecto es un ejemplo más del «urbanismo ideológico de Podemos». «El recurso se presenta a requerimiento de los servicios jurídicos, al entender que se estaba produciendo perjuicio patrimonial a todos los madrileños». explicó , tras recalcar que el nuevo plan reduce a la mitad las infraestructuras y los puestos de trabajo que se podrían crear –en un principio, cifrados en 120.000–.

El convenio de 2011, en vigor

Mientras que Fomento y Adif tienen intereses sobre terrenos que están en juego, la Comunidad «más allá de una pequeña porción que pertenece a Canal de Isabel II Gestión» no tiene parcelas afectadas. No obstante, el Ejecutivo regional si se ve perjudicado en tanto en cuanto Carmena ha tirado por tierra «más de 20 años de trabajo entre las administraciones». «Ha tomado una decisión sin el consenso del resto de implicados, que habían firmado un convenio el 10 de noviembre de 2011 que sigue vigente», recordó. Ese documento obliga al Consistorio a aprobar en Plan Parcial que permitiría el desarrollo de DCN.

Asimismo, acusó a Ahora Madrid y, por ende al PSOE –que ayer criticó el recurso de la Comunidad– de conculcar los principios de buena fé y de confianza legítima entre administraciones. «El Ayuntamiento podría incurrir en una desviación de poder», defendió la presidenta.