Pablo Chico (derecha), junto a Enrique Álvarez Conde y Javier Ramos
Pablo Chico (derecha), junto a Enrique Álvarez Conde y Javier Ramos - EFE

Nuevas imputaciones por el «mastergate»: la juez cita a tres profesores y un alumno

Entre los investigados está Pablo Chico, el profesor que ordenó a la funcionaria que modificara las notas de Cifuentes

MadridActualizado:

La juez Carmen Rodríguez-Medel ha ampliado la investigación del caso sobre el máster de Cristina Cifuentes y ha citado a declarar a otros tres profesores más de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), entre ellos Pablo Chico de la Cámara, y a un alumno del mismo curso de la expresidenta regional.

Chico de la Cámara fue el profesor del máster que ordenó a la funcionaria Amalia Calonge, también imputada en la causa, cambiar las notas en 2014. En el Pleno monográfico de la Asamblea de Madrid, Cifuentes exhibió una carta de este profesor manifestando que había dado esa orden por un error que tuvo en la trascripción de las calificaciones. Precisamente él fue quien presentó recientemente su dimisión como presidente del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Pozuelo.

Los otros dos docentes son la profesora de Derecho Administrativo Susana Galera y el de Derecho del Trabajo Rodrigo Martín. Todos ellos, más el estudiante investigado, comparecerán ante la jueza el próximo 25 de junio, según fuentes jurídicas. Ese mismo día también comparecerá Maite Feito, la asesora del Gobierno acusada de presionar a la profesora Cecilia Rosado, también investigada, y Enrique Álvarez Conde, el que era director del máster.

Falsificaciones

La profesora Susana Galera impartió dos asignaturas que aparecían en el acta de convalidaciones, que incluía firmas falsificadas. Mientras que Rodrigo Martín impartió otra asignatura en la que Cifuentes sacó un 9. El alumno figuraba en las actas de convalidación con las firmas falsificadas. Galera fue la docente que puso en conocimiento de la Inspección de la universidad posibles anomalías en las actas de las convalidaciones de ese curso. La docente explicó entonces que las medidas adoptadas por el rector Javier Ramos suponían un «soplo de aire fresco».

En el marco de la instrucción, la magistrada ha solicitado a la Guardia Civil que se encargue de revisar y evaluar los archivos informáticos y otra documentación que remita la URJC. Así lo ha pedido después de solicitar a la universidad madrileña que facilite diversos archivos relacionados con el máster que dirigió el catedrático Enrique Álvarez Conde.