La nueva fórmula jurídica de la Comunidad de Madrid: 83 millones más de ingresos con menos litigios

El nuevo modelo de Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid ha batido récords en sus primeros seis meses de funcionamiento. Según los datos aportados por el Gobierno regional, la tasa de litigiosidad se ha reducido, y pese a ello el impacto económico positivo ha alcanzado los 244,4 millones de euros, lo que supone 83 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior.

El artífice de estas mejoras es el nuevo Abogado General, Carlos Moro, que desde su incorporación en julio de 2015 ha introducido un nuevo método de trabajo, que integra elServicio Jurídico en la gestión. «Con ello, se va más preparado a los juicios, con mucha más información, y se pueden anticipar los problemas».

Moro, abogado del Estado, ha aplicado fórmulas que ha visto funcionar con éxito en algunos ámbitos de la Administración Central.

Los resultados no se han hecho esperar: entre enero y junio de este año se ha alcanzado una cifra de 2.414 resoluciones favorables, con el impacto económico antes reseñado, que es un 52 por ciento superior al del mismo periodo del anterior ejercicio. «Cuando llegué a este puesto, la presidenta Cifuentes me encargó actualizar el servicio y que toda actuación administrativa fuera acorde con la legalidad», explica Moro. Paradójicamente, los procedimientos judiciales abiertos a lo largo de estos primeros seis meses del año –6.574– han sido 1.099 menos que en la horquilla enero-junio de 2015, lo que también se traduce en un ahorro para el erario público, tanto en medios humanos como materiales.

Los resultados están siendo «muy buenos, y la previsión es que se llegue a 500 millones de euros de impacto positivo en el año», avanza Carlos Moro, que defiende el papel que están jugando en esta transformación del modelo los letrados de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid: «Se están implicando mucho», reconoce.

Entre las actividades desarrolladas, destaca la realizada en la vía contenciosa. Los letrados de la Comunidad se han personado en varias de las macrocausas relacionadas con la corrupción, como son el Caso Púnica, Aneri o Gürtel. En este último caso, se le reclama al grupo Correa una indemnización de 4,9 millones, «más de lo que pide el Fiscal», explica Moro, porque «entendemos que se ha producido un mayor daño a la Administración».

Asistencia letrada

En el caso de la asistencia letrada prestada a funcionarios y empleados públicos que se ven inmersos en procedimiento penal como consecuencia de actos realizados en el ejercicio de sus funciones, las fuentes oficiales destacan que alcanzan una tasa de éxito del cien por cien: así se ha registrado durante todo el año 2015 y el primer semestre de 2016.

En cuanto al contencioso-administrativo, se han dado varias sentencias en las que se declara que no existe responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por la liberalización de la actividad de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los fallos han sido importantes cuantitativamente: han superado el importe de 57,2 millones.

También se han desestimado las reclamaciones de diversas empresa privadas por daños en la venta de viviendas de protección pública. En estos casos, el ahorro para el Gobierno regional alcanza los diez millones de euros.

Otro campo en el que se ha trabajado ha sido la defensa de los hospitales públicos frente a reclamaciones patrimoniales formuladas como consecuencia del trabajo desarrollado por el personal sanitario. Por esta vía hay numerosas resoluciones judiciales favorables en este ámbito, con un importe de 40 millones ahorrados.